Un decreto turístico convierte a miles de pequeños propietarios de Canarias en carnaza para los especuladores

Un decreto turístico aprobado diez días antes de las elecciones autonómicas de mayo ha convertido a miles de pequeños propietarios de apartamentos turísticos de Canarias en rehenes de especuladores que los extorsionan para monopolizar su explotación a cambio de rentas ridículas o quedarse con sus inmuebles a precio de saldo. El decreto, que ha provocado el nacimiento de una plataforma ciudadana para evitar un doble atropello institucional y empresarial, amenaza también a miles de familias que en medio de la crisis situaron su vivienda habitual en apartamentos heredados de padres o abuelos o que se hipotecaron para adquirirlos en complejos de uso mixto o residencializados. Ante la total indiferencia del Gobierno bipartito CC-PSOE que preside Fernando Clavijo, el decreto ya ha tenido desoladoras consecuencias sobre miles de pequeñas propiedades cuyo precio de mercado ha caído en picado a la misma velocidad que los operadores buitre se han lanzado sobre ellas para comprarlas por precios inferiores incluso a su valor catastral.

El decreto y la ley que le da origen, aprobada en 2013 y desarrollada tres años después, prohíben a los propietarios todo uso particular de los apartamentos y bungalós situados en complejos turísticos, les obliga a cederlos para su explotación conjunta en condiciones que los deja inermes ante los especuladores y en caso de rechazo, exponen a los disidentes al riesgo de perder su propiedad mediante un procedimiento de venta forzosa en la que el precio lo pone el comprador. Ni era un error ni quedó nada al albur de la casualidad. La norma se acompañó en el tiempo de un segundo decreto que también prohibió la explotación de los apartamentos turísticos como viviendas vacacionales. Tanto el uso residencial no autorizado como la explotación vacacional 'ilegal' exponen al pequeño propietario a incurrir en una infracción muy grave de la disciplina turística que puede castigarse con multas de hasta 300.000 euros.

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