NC considera que la institución regional debe asumir su “responsabilidad en el error” y proceda al abono de la deuda, propuesta que fue aprobada por todos los grupos políticos de Mogán
Una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) obliga al Ayuntamiento de Mogán a pagar 5.142.174,18 euros, a una familia a la que se le expropió unos terrenos aledaños al cementerio municipal.
En total, la suma del justiprecio y los intereses de demora, obligan al Ayuntamiento a pagar esta cantidad durante el presente año, informó hoy el Ayuntamiento.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha señalado que este gasto “nos hace a redefinir el plan de inversiones a cuatro años, y el presupuesto”.
Asimismo, responsabilizó al PP por su “mala gestión” en el anterior mandato, cuando pudo liquidar la deuda durante los doce años que permaneció en el gobierno, ya que en 2003 la familia solicitó un acuerdo de pagos.
La deuda principal ascendía a 4.269.839,08 euros, de los cuales 900.000 euros ya han sido pagados, con un desembolso de 300.000 euros anuales entre los años 2013 a 2015.
La modificación de los cargos fue solicitada por la familia en 2014 ante el alto tribunal, quien solicitó el pago íntegro al conocer la situación de superávit en las cuentas municipales.
El gobierno actual (Ciuca-PSOE) pidió en octubre de 2015 a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC la mediación para un nuevo plan de pagos.
No obstante, fue rechazada por la familia y en diciembre de 2015 el Tribunal resolvió la solicitud del cambio de la fórmula de pagos.
“Al optar el anterior grupo de gobierno por cerrar las puertas a las negociaciones con la familia, ha conllevado directamente a que tengamos que pagar los intereses de demora de la deuda, desde el año 2005 hasta el año 2015”, explicó la alcaldesa.
Estos intereses ascienden a una cantidad de 1.772.335,10 euros que deben pagarse también durante este año a la familia.
Responsabilidad del Gobierno de Canarias
Por su parte, la portavoz de NC en la oposición, Isabel Santiago, planteó en el peno del pasado 25 de septiembre que por parte de la Alcaldía se encargase un informe jurídico, que valore las acciones administrativas y judiciales a emprender contra el Gobierno de Canarias, recordó hoy.
La nacionalista considera que la institución regional debe asumir su “responsabilidad en el error”, y proceda al abono de la deuda, propuesta que fue aprobada por todos los grupos políticos de Mogán.
Santiago recordó que fue el Gobierno de Canarias en el año 1987 quien aprobó las normas subsidiarias del planeamiento municipal y dio el visto bueno a que, unos terrenos que eran rústicos fuesen calificados como urbanos.
Este hecho, supuso que, en el momento de establecer el justiprecio, por parte del Ayuntamiento la cuantía fuese muy superior que si se hubiesen sido considerados rústicos
Aseguró que la asesoría jurídica municipal no fue requerida por la Alcaldía para que emita el informe que acordó el pleno, lo que pone de manifiesto el “escaso interés para depurar responsabilidades”, lamentó.
Para NC la alcaldesa no ha actuado con diligencia al “no poner sobre la mesa” los mecanismos que hicieran posible la ejecución de los planteamientos del Interventor municipal.
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.215