Los responsables del fracaso del Estatuto

Al final de un proceso mal planteado desde sus inicios, la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias ha fracasado por completo. Nuestra Comunidad ha perdido, por tanto, la oportunidad de subirse a la primera división de las reformas estatutarias. Lo que lograron Cataluña, Andalucía, Baleares, Aragón y Valencia, y que pueden cerrar otras comunidades (Castilla León y Castilla La Mancha) antes del fin de esta legislatura. Y esa frustración de las aspiraciones de incremento del autogobierno no es en modo alguno casual: tiene sus claros responsables. Desde un principio, destaqué que se trataba de la crónica de un fracaso anunciado. Fui muy crítico con un procedimiento en el que sobresale el escaso consenso y el nulo conocimiento ciudadano. Por eso, señalé que eso lo convertía en extremadamente débil, fácil de rebajar por parte de los partidos centralistas. Y que de ocurrir así no habría la menor resistencia ni queja. Basta con fijarse en lo poco relevante que ha sido el bloqueo de las negociaciones de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias en el Congreso de los Diputados y su consecuente devolución al Parlamento canario. Las fuerzas políticas presentes en el Parlamento de Canarias tienen, desde el comienzo del proceso de reforma estatutaria, una enorme cuota de responsabilidad sobre lo que ha ocurrido. Todas, sin distinción, han utilizado el Estatuto de Autonomía y su reforma claramente en base a sus estrechos intereses partidistas, de sus estrategias políticas, y en ningún momento en función de los intereses de Canarias, de los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas. Todas estaban más interesadas en arrinconar al contrario que en sacar adelante un buen Estatuto. Nacionalsocialista Así lo hizo ATI-CC, con una verborrea nacionalista mezclada con una práctica contradictoria y oportunista. Pactando el estatuto con el PSC-PSOE en Canarias y luego, en función de su alianza con los conservadores, realizando una auténtica pirueta, llegando a acuerdos con el PP, la fuerza más centralista y contraria a las reformas estatutarias, la misma que de forma irrespetuosa y desvergonzada llamó nacionalsocialista al texto inicial que salió del Parlamento de Canarias. Y también lo hizo, sin duda, el PP, que denigró y combatió intensamente el nuevo Estatuto y que luego se lo tragó tras la firma de su pacto con CC, a sabiendas de que por activa o por pasiva harían lo posible por evitar que Canarias incrementara su actual marco competencial. Los conservadores ni tenían ni tienen el menor interés en el aumento de nuestro autogobierno. El PSC-PSOE tampoco escapa de la quema en este fracasado proceso. Su actuación cuando negociaba con ATI-CC un posible pacto político para la gobernabilidad del Archipiélago tras las elecciones autonómicas de mayo, tampoco es de recibo. En aquellos momentos, distintos portavoces, en las Islas y en Madrid, supeditaban la aprobación de la reforma estatutaria a la presencia del PSOE en el Gobierno de Canarias, en un intercambio de estampas políticamente impresentable. He sido crítico no sólo con la formas sino también con los contenidos del nuevo Estatuto. No puedo compartir que se mantengan los desequilibrios institucionales que existen en el vigente Estatuto y que Nueva Canarias ha reclamado insistentemente que deben ser corregidos porque alimentan el pleito y la división entre los canarios. La cuestión de la doble capitalidad, del sistema electoral que ha dejado sin voz a 150.000 canarios en los comicios de mayo, eran cuestiones absolutamente perjudiciales para Canarias ya que suponían perpetuar los desequilibrios actuales durante 25 años. A lo que se sumaba un preámbulo ahistórico y anticanario. Tampoco estaba ni estoy de acuerdo con la definición político institucional del Archipiélago. Lo de Archipiélago Atlántico y Ultraperiférico no es más que una mera descripción, una definición puramente geográfica y no política; y que elude, además, el reconocimiento explícito de nuestro hecho nacional, retrocediendo incluso respecto al Estatuto actualmente en vigor, que tras su reforma en 1996 nos define como nacionalidad. Pero expresé, al mismo tiempo, mi apoyo a la incorporación de nuevas competencias, desde la protección de nuestro REF a la definición de las aguas interiores, pasando por la gestión canaria de infraestructuras de puertos y aeropuertos, esenciales para una Comunidad insular y alejada como la nuestra; o la delegación a Canarias de competencias estatales, como las de sanidad exterior, clave para controlar la entrada irregular de frutas y verduras, así como la introducción de distintas plagas en el Archipiélago. Eso sí, considerando un error dejar una parte substancial de la estructura competencial fuera del Estatuto, al incluirla en una ley complementaria, la LOTRACA, que no se iba a tramitar paralelamente, quedando al albur de los vaivenes políticos y, por tanto, sujeta a todo tipo de recortes. Considero, en definitiva, que la reforma del Estatuto ha sido un completo fracaso, del que ATI-CC tiene la mayor cuota de culpa, aunque también PSOE y PP han actuado de forma muy poco consecuente. Se frustra así la profundización en el autogobierno y se retrasan en el tiempo las posibilidades de dirigir desde Canarias áreas esenciales para el presente y futuro de nuestra tierra, para el incremento del bienestar de su gente. Que cada cual asuma sus responsabilidades. Y ahora, comenzando de cero, es el momento de hacer las cosas mejor de lo que se hicieron en la pasada legislatura, contando con el conjunto de la sociedad canaria y trabajando por alcanzar el mayor grado de autogobierno con el mayor consenso posible.