Opinión: Francisco J. Chavanel.- Allá por donde pisan nuestros pies se agita el monstruo de la inseguridad jurídica. Parece que algo ha cambiado en Gran Canaria desde que están en el puente de mando Saavedra, José Miguel Pérez, Román Rodríguez y Paco Santiago, pero todavía no lo suficiente. O si lo prefieren ustedes: es tanta la herencia penosa recibida, y tantos los “elementos de control” que quedan, que ganar la batalla de una fuerte inversión local, de características privadas, resultará bastante difícil, al menos en un corto espacio de tiempo. En cualquier caso, el nuevo modelo grancanario todavía no es extrapolable al resto de la región.
Uno se alegra de que en Arrecife el alcalde socialista, Enrique Pérez Parrilla, decida frenar sus ganas de cargarse la totalidad del Plan General de la capital conejera, incumpliendo por lo tanto su promesa electoral, pero conteniendo su furia pues su socio de gobierno, el PIL, lo tenía clarísimo para aprovechar la coyuntura y cambiar de amigos en las principales instituciones lanzaroteñas. Liquidar por completo un Plan que contenía abundantísimos tratos de favor –fue pactado entre la entonces alcaldesa, María Isabel Déniz, y el conjunto magro de especuladores de la zona- era excesivo. Significaba perder dos año y medio de trabajo, cuando lo más sencillo era amputar de un tajo los disparates, y seguir negociando con todo aquel que tenga algo qué decir sobre una pieza básica para el crecimiento y el progreso de Arrecife…, no olvidemos: la única capital de isla sin Plan General que lo desarrolle durante 25 años.
Mientras, en la capital grancanaria, el responsable de urbanismo del ayuntamiento capitalino, Carmelo Padrón, habla por vez primera, sin tapujos ni vergüenzas, de construcción en vertical, unos rascacielos en la zona de Escaleritas, que pretende liquidar toda una manera absurda de entender la arquitectura por parte de la izquierda. Hartos como estamos de debates estériles y de juegos antagónicos que empobrecen nuestra inteligencia (la derecha es especuladora por naturaleza y por eso construye rascacielos; la izquierda es respetuosa y por eso pone alambradas para que los “feroces” empresarios no se salgan con la suya), alabo el gesto valiente de Padrón, ya que no creo en la arquitectura de derechas ni en la arquitectura de izquierdas, como no creo en una bandera para la derecha y otro para la izquierda, ni una forma de amar de las derechas y otra de las izquierdas, sino en unos edificios dignos, respetuosos con el entorno -¿en qué otro lugar del mundo tiene más sentido la construcción en vertical que en Canarias, en un territorio tan poco infinito como éste, con tasas elevadas de congestión demográfica en las principales capitales, por ejemplo?-, y en unos políticos responsables que se ganen el sueldo de la nómina que reciben del ayuntamiento, en este caso. Es un tabú que cae, y que debiera de anotarse en algunos predios del gobierno autonómico.
Ya hemos dicho que esta RIC –la pactada por socialistas “defensores de la ecología y de las nubes embotelladas”, y estos nacionalistas cuya patria es el intervencionismo – es un instrumento que de poco servirá para combatir la crisis que ya soportamos salvo para fortunas todopoderosas, con lo cual a la mayoría empresarial no le quedará otro remedio que pasar por caja si quiere cerrar un proyecto que valga la pena. (Es decir, la burbuja la hemos pinchado nosotros; no han sido los inspectores de Hacienda que, siguiendo instrucciones del Estado, perseguían y acosaban a los nuestros porque entendían que eso de la RIC era un privilegio canario en relación al resto de los clientes del Ministerio)…
Y también hemos comentado que el miedo se pasea libremente entre la clase empresarial después de los múltiples episodios protagonizados en el ventanilleo, bien a causa de la moratoria o de otros favores; por los abundantes casos de corrupción investigados por jóvenes jueces al amparo de la Fiscalía Anticorrupción; por esa reciente carta remitida por el presidente del Gobierno en la que anticipa la crisis del 2008; o por los permanentes anuncios de un montón de consejeros que le echan la culpa a los inmigrantes de sus respectivas gestiones, y del ambiente xenófobo que se levanta en contra de contrataciones de profesionales llegados desde el extranjero, a los que se les aplica una moratoria sin considerar ni su reputación profesional ni su voluntad para realizar en condiciones el trabajo que se le pide.
Todo este conjunto de situaciones cansa lo suyo. Hay un montón de dinero que se está marchando de Canarias. El que no lo quiere ver es un imprudente. Ese dinero se invierte en otros lugares de la Península, cuando no abiertamente en el extranjero. Rumanía, por supuesto, el Este de Europa en general, es un lugar extraordinario: es barato, hay seguridad jurídica, es un universo a punto de explotar de felicidad dentro de una década. Y también Alemania, con el valor del suelo más barato que aquí. Se supone que nuestras autoridades debieran hacer lo imposible para que los empresarios locales, peninsulares, o extranjeros, convirtieran Canarias en lo más parecido a un paraíso fiscal y, ese, justamente, fue el espíritu de la primera RIC, o del Régimen Económico y Fiscal. Todo esto se va al traste con la obsesión intervencionista de la Administración canaria. Si no resuelve el lío de la planta turística obsoleta por un lado, y por el otro no permite construir salvo a los que dejan un porcentaje en la caja registradora, está vomitando un mensaje lamentable: nadie se preocupa por mí salvo si pago.
La conclusión es diáfana: para eso me llevo mi dinero a otros lados más seguros y rentables, y si tengo que pagar siempre será menos que aquí.







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