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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN

Los especuladores acosan a propietarios del Sur de Gran Canaria para comprar sus apartamentos por 30.000 euros

ATC PRESS
Martes, 29 de Septiembre de 2015
Tiempo de lectura: Ver comentarios 7

La prohibición de uso privativo de apartamentos y bungalós hunde los precios en el corazón turístico de Gran Canaria y desata operaciones especulativas a gran escala sobre ciudadanos maniatados por el ‘decretazo’ del Gobierno

Paralización de operaciones de compraventa que ya estaban apalabradas, caídas en picado de los precios de apartamentos y bungalós y operaciones de acoso en toda regla a pequeños propietarios para que se deshagan de sus inmuebles turísticos a precios por los cuales no se comprarían ni un coche de alta gama: 30.000 euros. Esta es la consecuencia directa que está teniendo en el Sur de Gran Canaria la entrada en escena del decretazo que desarrolla la Ley de Modernización Turística, que prohibe a los titulares cualquier uso privativo de sus inmuebles y los condena a entregarlos para su gestión a un tercero, incluso con el riesgo de perder su propiedad si se oponen a la rehabilitación o a la unidad de explotación.

El decretazo turístico, rematado por el nuevo Plan General de Ordenación que tramita el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, está generando un golpe sin precedentes a los derechos de miles de pequeños propietarios del Sur, que han quedado literalmente maniatados e inermes al albur de los especuladores. Lo que parecía solo una teoría perversa ya se ha convertido en hoja de ruta y en práctica cotidiana: cientos de pequeños propietarios están recibiendo llamadas de especuladores que intentan hacerse con sus apartamentos y bungalós a precios de saldo. En la mayoría de los casos, el pretexto utilizado son las limitaciones de uso y, en caso de resistencia, la amenaza añadida de exponerse a grandes derramas para la rehabilitación de los inmuebles o la pérdida de los mismos mediante las herramientas previstas en el decreto y en concreto mediante la figura de ‘sustitución del propietario disidente’.

La casuística es variada y los agentes distintos, pero el escandaloso fenómeno ya está servido: las operaciones especulativas ya se venían fraguando en el Sur desde la publicación de la Ley de Modernización Turística en 2013, pero se han disparado tras la llegada del decreto de mayo que la desarrolla y prohibe taxativamente a los propietarios todo uso privativo de los inmuebles situados en complejos turísticos, ya sea como primera o segunda residencia, ya como alquiler de media o larga estancia.

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