La Plataforma Técnica de Propietarios de Apartamentos del Sur de Gran Canaria interpreta que, dado que muchos de los propietarios que podrían ser perjudicados por obligárseles a salir del sistema residencial proceden de países de la UE, además de España, el problema es europeo, no local
La Plataforma Técnica de Propietarios de Apartamentos del Sur de Gran Canaria, formada por propietarios de apartamentos, profesionales del sector y usuarios profesionales del negocio del turismo, ha pedido este martes por carta al presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner Hoyer, que paralice y ponga en revisión la financiación dirigida a toda Canarias en materia de renovación hotelera, informó el colectivo en un comunicado.
Una medida preventiva hasta que se aclare el futuro de los más de 16.000 propietarios de apartamentos indefensos en el Sur de Gran Canaria por la norma regional que restringe sus derechos de propiedad, mayormente, en las zonas de Playa del Inglés, Maspalomas, Bahía Feliz y San Agustín, explica.
Como la norma en la que basa su actuación San Bartolomé de Tirajana es regional, así lo ha indicado el propio alcalde que ha animado a presentar alegaciones al Gobierno de Canarias, la parálisis de fondos del BEI debe ser en toda Canarias hasta que se aclare el futuro de los pequeños inversores en el turismo de Canarias, añade.
Problema europeo
Esta Plataforma Técnica interpreta que, dado que muchos de los propietarios que podrían ser perjudicados por obligárseles a salir del sistema residencial proceden de países de la UE, además de España, el problema es europeo, no local.
También considera que, como buena parte de la financiación de la renovación hotelera en el Sur de Gran Canaria procede de créditos del BEI, que se comercializan a través de la banca minorista; el BEI debe incoar expediente y poner en revisión sus créditos por si constituyen un “presunto falseamiento de la competencia en la UE con dinero de los contribuyentes comunitarios”.
En este sentido, los propietarios de apartamentos en el Sur de Gran Canaria son víctimas de una burbuja de crédito que tiene como origen el “manguerazo" de liquidez que procede del BEI y que, a fecha del pasado 18 de junio, el Gobierno de Canarias calculó en 138 millones de euros en préstamos.
Para esta Plataforma, es legítimo obtener fondos del BEI para generar empleo a través de la construcción y reducir las listas del desempleo en Canarias; pero otra es llevar a la ruina a propietarios de complejos de apartamentos.
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