Afectados por el PGO acuerdan presentar alegaciones individuales y conjuntas a las tres administraciones

Los afectados por el uso de uso de suelo turístico o mixto han advertido que, “a pesar de los mensajes tranquilizantes” de los representantes políticos, el decreto turístico si llama en varios de sus artículos a la expropiación de sus inmuebles

Propietarios y responsables de comunidades de inmuebles turísticos afectados por el Plan General de Ordenación supletorio de San Bartolomé de Tirajana (PGOs) y el decreto que desarrolla la Ley de Modernización Turística del Gobierno de Canarias, han acordado hoy la presentación de alegaciones.

Las alegaciones se redactarán de manera independiente y conjuntas para presentarlas ante el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

En una reunión celebrada este sábado en un hotel del sur de Gran Canaria, que se extendió durante más de cinco horas, los propietarios de apartamentos y bungalós llamaron “a la unidad” y establecieron diversos puntos a seguir a la hora de redactar sus alegaciones con una abogado especialista.

Los afectados por el uso de uso de suelo turístico o mixto han advertido que, “a pesar de los mensajes tranquilizantes” de los representantes políticos, el decreto turístico si llama en varios de sus artículos a la expropiación de sus inmuebles.

En este sentido, las comunidades reiteraron el riesgo para los pequeños propietarios de perder el uso de sus viviendas como residencia vacacional o en régimen de alquiler, así como la obligación de ceder sus propiedades a un tercero, si no cumplen con la conservación exigida.

Asimismo, han subrayado que el Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Gesplan ha redactado una Ley “desde el despacho”, sin “saber la realidad de la situación y sin sentarse a negociar con los propietarios de viviendas en la zona turística”.

Es por ello que se niegan a ceder el uso de sus inmuebles ante explotadoras y turoperadores que años atrás, cuando comenzaron a surgir los hoteles novedosos e implantarse el régimen de “todo incluido”, abandonaron estos apartamentos “enterrados en deudas”, recuerdan.

“Fue entonces cuando nosotros los propietarios adquirimos estos inmuebles que habían quedado obsoletos y reactivamos el sur turístico, y ahora nos quieren echar”, relatan los afectados.

No obstante, muestran su predisposición a seguir pautas para que estos complejos se sometan a las reformas necesarias para cumplir con la renovación turística, así como acatar normas para acabar con la explotación ilegal de viviendas.

La búsqueda de alternativas pasa por el Gobierno de Canarias y el resto de administraciones para una solución en la convivencia entre el uso residencial y turístico con las que “estamos dispuestos a negociar”, han sentenciado.