Turismo sí, cohesión social... también (I)

El sector turístico representa el 33% del PIB canario, y en términos de empleo, según Impactur, mas del 35% de la población activa en Canarias tiene un empleo relacionado con el sector turístico.

El desarrollo turístico viene dado esencialmente, por la apuesta decidida de afrontar el futuro económico y social de Canarias, en un tiempo que exigía para ello una planificación territorial que intentase conjugar un equilibrio armónico entre las necesidades sociales, económicos y medioambientales, ya que el verdadero potencial, aparte de otros valores añadidos de nuestro destino turístico, reside en el clima, las playas, su paisaje, y sin lugar a dudas, su gente.

Resulta paradójico y simbólico que en este nuevo tiempo, el necesario y urgente debate de reformulación de modelo turístico de Canarias, cobra más fuerza tras la polémica desatada por la aprobación inicial del PGOU de San Bartolomé de Tirajana, ya que fue precisamente en este municipio donde se  redactó el primer gran plan de desarrollo turístico del archipiélago allá por el año 1961, tras el “Concurso Internacional Maspalomas Costa Canaria” convocado por el Conde Alejandro del Castillo.

Y es desde este innecesario conflicto del PGOU, falto de participación social y económica, y en donde aparentemente ningunos de los actores políticos tiene responsabilidad alguna sobre tan incendiaria norma, es desde donde debemos hacer una autocrítica profunda para no cometer los mismos errores del pasado, tomando como principio no solo la economía vinculada al sector, sino también la cohesión social.

Los actuales gobernantes municipales de San Bartolomé de Tirajana no pueden alegar incapacidad para poder frenar  o modificar el actual PGOU, muchísimo menos pueden alegar que con ellos no va el conflicto, intentando cargar las tintas contra otros grupos políticos o criminalizando  incluso el uso de las redes sociales, ya que en mi opinión,  se convierte de facto en un acto de cinismo político profundamente antidemocrático.

En los últimos 20 años en San Bartolomé de Tirajana han ocurrido episodios políticos que quedarán para la historia, y los cuales explican en buena medida el porqué del abandono del desarrollo socioeconómico del municipio tirajanero, y no recordarlos en estos momento por parte de los diferentes actores políticos de cada tiempo, posiblemente manifieste un acto de cobardía para esconder sus vergüenzas, sus errores y su verdadera responsabilidad en la parálisis municipal, insular y regional, con los efectos lógicos que han causado para la economía y para lo sociedad.

En el año 2001 José Carlos Mauricio regaló un titular para la posteridad, tras una moción de censura apoyada en un tránsfuga de CC, decía algo así como que “…la moción de censura es una operación mafiosa impulsada por empresarios corruptos y narcotraficantes….”. Aquella censura  aupó como alcalde a Marco Aurelio Pérez con el apoyo del PSOE y el súper concejal de la época, Juan Francisco Ramírez, los cuales desaparecieron y fueron aislados de los medios de comunicación y cualquier contacto personal durante los días previos al Pleno de aprobación de la misma, posiblemente para no sucumbir a ciertas tentaciones que se pudieran dar.

Sobre aquel PGOU, la polémica principal residía en la clasificación como suelo comercial de una parcela en Meloneras, propiedad de LOPESAN, en la que el El Corte Inglés pretendía instalarse, mientras que el alcalde descabalgado, José Juan Santana, mantenía la idea de que la zona ideal para la instalación del mismo era donde actualmente todavía se mantiene el mercado municipal.
Pero no fue la única moción de censura. En el año 2005 fue a Marco Aurelio Pérez al que le toco morder el polvo político, pactando NC y PSOE el gobierno local de una forma un tanto estrambótica. La alcaldesa sería Conchi Narváez, en detrimento de Pacuco Guedes, que es quien por lógica electoral debería haber sido el teórico alcalde socialista, ya que había sido el cabeza electoral del PSOE. Finalmente Pacuco fue expulsado del partido socialista.

Y en esta ocasión, una vez más,  fue el PGOU quien provocó la moción de censura, pero esta vez con otras variables más miserables incluso que las anteriores si caben, que residían en intereses partidistas, personales y ansias de venganza políticas.

En aquella ocasión se constituyó una Plataforma Vecinal que estaba en contra de la construcción de 40 torres de ocho plantas en el barrio de El Tablero, el 80% de aquellas viviendas seria de venta libre, y el 20% de VPO de promoción privada, todas ellas promovidas por el empresario sureño Santana Cazorla, dueño del suelo clasificado como residencial en donde se iban a proyectar dichas edificaciones. Los motivos principales de la crítica social era el sesgado carácter especulativo de aquel PGOU, y porque además, no se preveían dotaciones sociales suficientes para atender las necesidades de los vecinos de la zona, ya que desde hacía mucho tiempo que el Centro de Salud y los colegios de Maspalomas y El tablero se habían desbordado por el crecimiento poblacional durante los últimos años.

Estas cuestiones y otras, como el incremento radical del uso comercial del suelo, o la concesión de que las primeras plantas de las viviendas del barrio de El Castillo del Romeral también lo fueran, generó una ola de indignación social ante la ya evidente depresión comercial y turística que presentaba San Bartolomé de Tirajana.  Curiosamente el argumento del entonces portavoz de la oposición Marco Aurelio Pérez en aquel momento ante el clamor popular fue el mismo que vierte en estos momentos, y es que según él, siempre hay un partido político detrás de estos revuelos sociales, en un claro ejercicio de insulto a la inteligencia de los ciudadanos.

Y de esos vientos estas tempestades. La falta de altura política de los dirigentes de San Bartolomé de Tirajana históricamente hablando, el constante cambio normativo que en esta materia se produce, y el choque de intereses económicos y empresariales sobre el sector turístico, comercial y urbanístico, tanto locales como insulares, provocó en San Bartolomé de Tirajana que miles de ciudadanos y ciudadanas buscaran alternativas ante la falta de oportunidades , producto de tantos años de ombliguismo político y empresarial, que conllevó  además una depresión del sector turístico en ciertos núcleos, mientras en otros se desarrollaba con total modernidad establecimientos hoteleros de primer orden mundial.

Cabe señalar en este punto, y profundizando sindicalmente (sobre lo cual habrá una segunda parte de este artículo), como ahora, y ya van unas cuantas ocasiones, los defensores de desarrollo turístico y urbanístico desmedido, lanzan soflamas a favor del empleo, sobre todo ante las altas tasas de paro que se dan en Canarias, argumentando que  la solución que ofrecen es la única posible para generar empleo, sin poner encima de la mesa los riesgos que puede suponer el crecimiento desmedido y las consecuencias que se pudiera dar ante un posible  pinchazo de la burbuja turística.

Tampoco se pone sobre el tapete la falta de creación de más empleo cuando Canarias experimenta una fase de expansión económica desde el año 2011 , pero aun así seguían destruyéndolo.  O el constante  fraude en la contratación y el abuso del contrato a jornada parcial, el impago de las horas extras, la sobreexplotación de las plantillas y la afección sobre su salud, por poner solo algunos ejemplos, los cuales certifican que la apuesta empresarial por el desarrollo del sector es gestionar y relanzar un turismo industrializado, en detrimento de un turismo de calidad, a costa del factor empleo principalmente, con el único objeto de obtener mayores beneficios  a corto plazo. Y ante esta situación que es demostrable científicamente, yo digo, Economía sí, pero sobre todo Cohesión Social a través del empleo estable y con derechos. Esa es la clave.

Hoy aplaudo el gesto del Presidente del Gobierno Canario, abriendo el cauce al diálogo para modificar la Ley Turística, con el ánimo de buscar un amplio consenso y no romper la cohesión social, porque no satisfacer los intereses legítimos de miles de afectados por el PGOU de San Bartolomé de Tirajana sería romper la cohesión social, ya que miles de esos residentes y propietarios son también trabajadores, gente humilde que se buscó la vida de la mejor manera que pudo y que supo, o que cayeron en la trampa en algunos casos, de aquellos que decían que comprar un apartamento o un bungalow en la zona era una inversión interesante, sin desvelarles lo que significaba el principio de unidad de explotación del la ley del 95.

Hay que buscar soluciones integrales que den seguridad jurídica a los afectados por tan injusta ley, soluciones que nos emplace a un futuro económico y social sostenible y sostenido, a un crecimiento inteligente, solo si fuera posible, con los limites lógicos de no romper el equilibrio que debe hacer de nuestra tierra una Canarias de las oportunidades, en donde hay que implicar al resto de sectores; el primario y el industrial sobre todo, y poniendo el empleo digno como estándar de calidad y de desarrollo social y económico. Solo de esta manera nos desarrollaremos sin rompernos nuevamente.

Aprovecho además, para invitar al Alcalde de San Bartolomé de Tirajana a dos posibles salidas para tranquilizar de forma cierta a la ciudadanía afectada por el PGOU. Una de ellas sería retirar la aprobación inicial del PGOU, la otra, si políticamente no tiene posibilidades de hacerlo, es convocar un pleno para tomar en consideración una declaración institucional de no aprobación definitiva del PGOU hasta que no de seguridad jurídica a los afectados y al propio plan general, emplazándolo a un debate general e integral sobre el futuro del sector, ya que el turismo es de todos, no solo de unos pocos, y con los principios lógicos de  desarrollo  económico, pero sobre todo, de avanzar hacia la cohesión social.

Sería un ejercicio profundamente democrático y que mostraría altura política, teniendo en cuenta que aunque el PGOU se aprobó inicialmente en un Pleno Municipal durante la campaña electoral de las últimas elecciones municipales, no se publicó hasta pasadas las mismas, y lo afectados no pudieron conocer hasta ese momento la clasificación del suelo de sus viviendas, aunque ahora se diga que sigue manteniendo el mismo uso del año 1995, como si en San Bartolomé no hubiera pasado nada en 20 años, entendiendo desde mi humilde opinión, que una vez conocidas las posibles consecuencias, lo prudente es recular este acto administrativo y no enrocarse en el orgullo político, escuchando a todas las partes, y buscando las pertinentes soluciones, aunque posiblemente algún poder económico no pueda entenderlo, y esta vez sí, elaborar un nuevo PGOU que concilie a todas las partes y avance hacia un gran consenso social, económico y político.