A través de la plataforma de firmas "change.org" abogan por el respeto al libre uso de la propiedad privada, el derecho a elegir un lugar de residencia y por un modelo de renovación turística inteligente para Canarias
Propietarios y comunidades de inmuebles de uso turístico o mixto (residencial-turístico) del municipio de San Bartolomé de Tirajana han reunido en apenas una semana más de 3.000 firmas virtuales en la plataforma “change.org”, en contra del Decreto de Renovación Turística del Gobierno de Canarias y el Plan General de Ordenación Urbanística (PGO).
En la petición abogan por el respeto al libre uso de la propiedad privada, el derecho a elegir un lugar de residencia y por un modelo de renovación turística inteligente para la isla de Gran Canaria, y toda Canarias.
En la plataforma advierten a los ciudadanos del decreto que obligaría a ceder la explotación de sus apartamentos y bungalós a un tercero donde el precio lo pone el comprador, así como el riesgo de perder el uso de sus inmuebles.
A pesar de los mensajes tranquilizadores del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, que asegura que el uso del suelo turístico no cambiará, y la predisposición de los presidentes del Gobierno de Canarias y del Cabildo grancanario, Fernando Clavijo, y Antonio Morales, a revisar el decreto, los ciudadanos continúan las alegaciones masivas por todos los medios posibles.
En este sentido, proponen al Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana posibilidades dentro de la ley para la renovación turística del municipio tales como el control a través de inspectores sobre los alquileres ilegales, la posibilidad de rebajas en el IBI, o alternativas similares, para propietarios de apartamentos y bungalós que decidan poner en explotación turística y de forma legal sus propiedades.
Entre otras posibles medidas señalan la imposición por ley a las comunidades de propietarios que comparten el uso residencial con el turístico de asignar un importe anual de sus cuentas a las reformas necesarias para que estas camas y complejos puedan renovarse “y cumplir con sus obligaciones ofreciendo una mejor imagen”.
De igual manera, proponen un impuesto o tasa de renovación a hoteles y apartamentos de uso exclusivamente turístico “que se puede invertir luego, con obligación legal, en renovación de las zonas públicas turísticas o para proyectos de recuperación medioambiental como por ejemplo, al Parque Natural de las Dunas de Maspalomas”, relatan en la petición.
Medida que "favorece a unos pocos"
Insisten en que el decreto turístico respalda unas medidas “que favorecen a algunos pocos” y “que no aseguran el futuro de la zona turística”, pues lo único que hacen es prohibir el uso residencial, cuando hay alternativas para permitir la convivencia residencial y turística pues “siempre ha existido”.
“Los enemigos de la renovación turística no son los pequeños propietarios o comerciantes del área turística; más bien los enemigos son aquellos que no piensan en la recuperación medioambiental de la zona y permiten la convivencia entre la zona residencial y turística”, concluyen los afectados.
ideagenial | Viernes, 18 de Septiembre de 2015 a las 19:59:10 horas
¿Alguien me puede explicar que pasa con los propietarios de aptos y bungalows de uso vacacional o segunda residencia que son de la península o el extrangero.? ¿No son turistas por haber comprado su apto? ¿Van a expropiar a alemanes, suecos noruegos ingleses o holandeses que han escogido Playa de Inglés o San Agustín para tener su chalet de vacaciones privado?? No entiendo nada
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