El vicepresidente de la FEHT critica la aplicación de Ley de Renovación Turística de Canarias y manifiesta que "las leyes tienen que servir para dinamizar, y no para crear miedo donde no procede"
El presidente de la patronal de extrahoteleros y vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, Tom Smulders, ha achacado este viernes a la deficitaria inspección del Gobierno canario el aumento de la explotación ilegal de apartamentos.
Tras reunirse con empresarios extrahoteleros para analizar el reglamento de la Ley de Renovación Turística de Canarias, que preocupa a miles de particulares que temen que se les prohíba residir en los apartamentos en que viven y se les obligue a cederlos para uso vacacional, Smulder ha dicho a Efe que "las leyes tienen que servir para dinamizar, y no para crear miedo donde no procede".
El vicepresidente de la FEHT considera que la aplicación de este reglamento afecta en mayor medida a las empresas que se dedican a la explotación turística de establecimientos, "donde la merma empieza desde dentro", al permitir la administración competente que persistan y se desarrollen situaciones de ilegalidad como la de los particulares que alquilan apartamentos por su cuenta.
Smulder estima que el sector al que representa debe contar con un mayor respaldo institucional para poder ejercer con más libertad un negocio que, en muchas ocasiones, se ve afectado por multas de hasta 25.000 euros e incluso cierres por la actividad ilegal que desarrollan propietarios particulares dentro de establecimientos alojativos donde conviven ambos usos.
El dirigente empresarial ha explicado que la casuística habitual en el sur de Gran Canaria se resume en tres realidades: La del particular que ha comprado para vivir y que "impone sus criterios" al resto, haciendo uso de su terraza a su antojo, por ejemplo; la del propietario que empieza a explotar por su cuenta y la de los establecimientos convertidos en "guetos", que no respetan el entorno y que se usan como residencia habitual.
En este último caso es donde, a juicio de Smulder, puede entenderse la aplicación de esta ley, que permitiría paliar estas situaciones "intolerables".
En cualquier caso, el vicepresidente de la FEHT considera que "estamos ante una situación diabólica", ya que, en su opinión, "la primera que ha hecho mal uso de sus facultades es la inspección turística", dependiente del Gobierno canario, ya que "muchas veces castiga al empresario que denuncia la explotación ilegal y premia a la persona que la hace".
Y es que Smulder destaca que se han dado casos de denuncias de este tipo que han acabado resolviéndose con multas y cierres de complejos turísticos, lo que ha dejado sin actividad al empresario que alertó de los hechos a la autoridad.
Por ello, la FEHT cree que el empresariado tiene más que temer por la aplicación del reglamento de la Ley de Renovación Turística de Canarias que el particular que cree que va a perder su propiedad, ya que son estas "mermas internas" las que pueden llevar al traste un negocio, como ha ocurrido ya con más de una docena por la "tardanza y la permisividad" de la administración.
Smulder también ha criticado que esta norma regional "casi frena en seco" a los pequeños empresarios, que han de hacer frente a un "trato desfavorable" frente a las "facilidades" que se dan a los grandes inversores a la hora de renovar un establecimiento para que suba de categoría, debido a las "alternativas casi imposibles de cumplir" que se imponen a los primeros cuando no reúnen las dimensiones exactas que han de tener las habitaciones, por ejemplo.
El vicepresidente de la FEHT ha asegurado que en el sur de Gran Canaria hay unas 19.000 plazas de complejos turísticos extrahoteleros "dadas de alta en el censo, pero no como definitivamente turísticas".
Adolfo | Martes, 25 de Agosto de 2015 a las 08:18:41 horas
Queda claro por los comentarios, que hay dos partes con diferentes intereses, los propietarios de apartamentos y los propietarios de hoteles o empresas de explotación, olvidándose de los que hemos comprado para uso propio y que durante años, la administración no solo no advirtió sino que consintió. Ahora después de años de sequía turística por la competencia de otros destinos del norte de África y dadas las circunstancias actuales, en vista del negocio que se avecina, la administración toma claramente partido por una de las partes sin tener expoliando a los que hemos comprado de buena fe.
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