Con pactos y sin justicia

Como si de la reposición de una película antigua se tratara, en este tiempo de múltiples procesos electorales, los actores -los políticos- repiten los manisdos deseos de querer luchar contra la corrupción.  En el 82 fue con el eslogan “por el cambio” y más tarde por el recambio hasta que el pueblo español, hartito de tanta corrupción, los mandó de disfrutar de sus “logros” fuera de los presupuestos públicos.  Conviene recordar que no había murga o chirigota que en aquellos años no glosara a Juan Guerra, Roldán y tantos otros personajes.

La necesidad ética de acabar con aquel peculiar cambio, que dejó más de tres millones de parados, movilizó a los votantes en toda España, dando paso a los gobiernos de Aznar. Por otro tipo de cuestiones el gobierno de Aznar fue sustituído por el de Zapatero, que puso todo su empeño en mejorar el récord de parados dejado por Felipe González y en arruinar al país poniéndolo al borde del rescate.  Si bien Rajoy, probablemente, esté enderezando el rumbo económico, hoy se vuelve a hablar en todos los corrillos de corrupción generalizada y trasversal, con el aderezo mediterráneo añadido de que los políticos son una casta y que, de esos males, sólo Podemos y Ciudadanos pueden salvarnos.   Esta farsa ya la hemos vivido.

Pero donde parece vivirse las escenas del día de la marmota es en Andalucía.  Los herederos de aquel famoso “clan de la tortilla” se han aplicado hasta hoy a perfeccionar el estilo de sus mentores, por cierto con gran eficacia.  Muestra de ello son los ERE fraudulentos o el saqueo de los fondos destinados a los parados, eso que sin pudor llaman políticas activas de empleo, sin aclarar ni pretenderlo, a qué empleo o a qué destino de los fondos se refieren.

A mi entender, todo esto ha sido posible porque han proliferado los pactos políticos de todo tipo a espaldas de los ciudadanos.  Unos acuerdos fueron y son públicos, para formar gobiernos estables.  Otros, tramados en oscuros despachos para taparse las vergüenzas entre si, en un infame “hoy por tí, mañana por mí”.  Son legión en el mundo las personas que creemos que la tendencia a la corrupción es casi consustancial con el ser humano.  De forma magistral lo expresó Lord Acton en 1887: “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.   Adviértase que el historiador católico británico habla de quien ejerce el poder, ya que la oposición sólo puede optar a ser un aspirante en lista de espera.

Pero hay un elemento común en todo este relato, que a mi entender el más importante:  la aparente pasividad o inacción en tiempo y forma de la Administración de Justicia.  En un arranque de despotismo y arrogancia, Alfonso Guerra dijo que en España Monstequieu había muerto.  Y además fue enterrado con alborozo por todos los políticos, de todos los partidos, boca abajo, por si se le ocurría resucitar.  El filósofo francés, en su ensayo “El espíritu de las leyes” de 1747, propone como garantía contra el despotismo de los gobernantes generalizar el modelo político inglés –tomado, a su vez, de los germanos– la separación radical de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que no deben concentrarse en las mismas manos.

Y es precisamente por haber acabado con esta separación, que la independencia de la justicia está en entredicho y en evidente desprestigio.  No sin razones fundadas es considerada como el brazo armado del poder, el otorgado por las urnas o el fáctico, contra quienes considera sus enemigos a anular.  La función ejemplarizante ha quedado desdibujada o anulada por el mal uso de tretas legales para demorar en el tiempo los procesos, que en el caso de los políticos, deberían ser de resolución inmediata, pues afectan al buen gobierno de las cosas públicas, las de todos nosotros.  Y si es así, ¿por qué no hablan de Justicia a la vez que de más derechos?