Movilidad y calidad de vida

Estos días se ha venido celebrando en distintas ciudades la Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa que pretende sensibilizar sobre los efectos negativos del uso irracional del coche privado, apostando por un mayor peso del transporte público y, consecuentemente, por la mejora de la salud ciudadana, la calidad del medio ambiente y la devolución de espacios hoy ocupados por los coches para el disfrute de los peatones. Este año el lema elegido por las instituciones europeas ha sido ‘Calles para todos’, un mensaje claro de recuperación de la vida urbana por la gente, en un marco más respirable y humano.La movilidad constituye uno de los problemas más relevantes de las sociedades modernas desarrolladas. Son muchos los factores que convergen en el actual panorama: elevada contaminación atmosférica y acústica, ocupación del territorio por más calles y carreteras, aumento de la siniestralidad…y la paradoja de más automóviles en escena para lograr una peor movilidad, por los constantes atascos que se producen. Y también, y no es menos importante, la adopción de modelos de vida sedentarios, lo que supone graves consecuencias para la salud. Canarias tiene, además, sus especificidades en este asunto. Como he señalado en otras ocasiones, las características de nuestro limitado territorio y una visión sostenible del mismo obligan a optar por un modelo de comunicaciones que combine eficacia y sostenibilidad. Y ello supone implementar políticas dirigidas a la mejora del transporte público y, asimismo, a intensificar modelos de urbanismo y de transporte autocentrados. Se trata, en definitiva, de poner en primer plano el desarrollo de políticas destinadas a la mejora de la calidad, el incremento de la seguridad y la reducción de los costes ambientales, así como por la adecuada planificación urbanística, acercando los servicios de todo tipo a los ciudadanos y ciudadanas, y disminuyendo, consecuentemente, la actual demanda de desplazamientos. Movilidad sostenible Esa preocupación por un modelo de movilidad sostenible la plasmamos en su momento en el propio texto de la Ley de Directrices de Ordenación General. En él ya señalamos la urgente necesidad de dar prioridad a los modos colectivos de transporte. Y apostamos, asimismo, por un nuevo sistema dirigido a reducir el consumo energético, así como el de suelo. Insistiendo, además, en la intermodalidad y en la creación de condiciones que estimulen un menor uso del vehículo privado y potencien el transporte público. En las Islas nos queda mucho por hacer en lo que es una tarea de todos: en primer lugar de las administraciones públicas y de las empresas, pero también de los propios ciudadanos. Se trata de modificar el actual modelo de consumo, para hacerlo más racional, menos contaminante, menos depredador de territorio, facilitando la movilidad y mejorando la calidad de vida. Creo que se trata de una auténtica prioridad política si queremos un presente y un futuro en el que las personas y las mercancías puedan desplazarse adecuadamente, y en el que avancemos en la reducción de la emisión de CO2, uno de los gases de efecto invernadero, y logremos ciudades más amables y acogedoras. Son muchas las medidas a implementar. Entre ellas, la apuesta firme por el transporte público, mejorando su financiación, abaratando sus costes para los ciudadanos e incrementando la calidad de su flota y haciendo realidad el carácter funcional de los carriles sólo guagua y taxi, para disminuir los tiempos de los trayectos. Trabajando, de forma paralela, por la mejora de la calidad, la seguridad y la reducción de los costes ambientales, así como la adecuada planificación urbanística, acercando los servicios a los ciudadanos y disminuyendo consecuentemente, la demanda de desplazamientos. Y mejorando la accesibilidad: rampas, rebaja de aceras, etcétera. Fiscalidad Planteo, asimismo, la necesaria introducción de elementos fiscales, económicos o financieros que estimulen el uso del transporte colectivo. Así como otras medidas, como la reducción del IGIC para los vehículos menos contaminantes, los que sobre la base del Decreto 837/2002 (transposición de la Directiva Europea 1999/94/CE) sobre etiquetaje energético, son clasificados como de tipo A, es decir, que contaminan un 25% menos que la media; una medida que ya contemplamos en nuestro programa electoral para las autonómicas y locales del pasado mes de mayo. Otras medidas son la participación de los empresarios en los costes del traslado de sus empleados, realizados con medios de transporte público, y las correspondientes reducciones del precio por parte de las empresas de transporte. Así como facilitar el acceso de las personas discapacitadas, las personas mayores y las personas de movilidad reducida; y el fomento del uso de la bicicleta por medio de la instalación de carriles bici separados de las demás vías, alquiler de bicis, mejores instalaciones de aparcamiento y la reparación cerca de los transportes públicos. Igualmente es preciso avanzar en el uso de vehículos menos contaminantes y en la propia mentalidad en el uso del coche, primando la utilización colectiva del vehículo en los desplazamientos al trabajo. Se trata de modificar nuestros hábitos de consumo, haciendo más desplazamientos a pie o en bici, utilizando más el transporte público y de manera más racional el privado, lo que redundara en nuestra calidad de vida y en una menor agresión al medio ambiente de Canarias y, en consecuencia, a la delicada salud del Planeta. (*) Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias