Archivada la denuncia contra las abogadas obligadas a quitarse el sujetador

Las letradas que denunciaron el pasado mes de diciembre que recibían un trato vejatorio al tener que quitarse el sujetador por supuestas razones de seguridad en la prisión Las Palmas II fueron denunciadas por el sindicato CSIF, al considerar que atentaban contra el honor de los funcionarios, pero la Justicia archivó este miércoles su demanda por considerar que les falta legitimidad para interponer esta denuncia.

Las abogadas Rosa de León e Isabel Saavedra denunciaron junto a Victoria Rodríguez y Elisa Suárez -integrantes de la plataforma “Abogados por el cambio”, que concurría a las elecciones de vicedecano del Colegio de Abogados de Las Palmas-, la inoperancia colegial por no buscar solución que acabara con esta situación que fue reconocida por el vicedecano de ese momento y corroborada por la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, quien aseguró públicamente que la situación no se volvería a producir, lo que en cualquier caso los funcionarios consideraron un atentado contra su honor, y no contra el de las abogadas, por lo que presentaron una demanda contra las letradas.

El Juzgado de Primera Instancia Número 10 de la capital grancanaria considera que el sindicato CSIF no está legitimado para interponer denuncia alguna por atentado contra el honor de unos funcionarios que ni tan siquiera identifica, ya que se trata de un derecho “personalísimo”, informó un comunicado.

Discriminación

La abogada Rosa León explica que la denuncia pública que realizó con sus compañeras permitió, por el contrario, llamar la atención sobre la aplicación de la Instrucción de Instituciones Penitenciarias 3/2010 que “se ha evidenciado injustificada y discriminatoria”, algo compartido por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y la directora del Instituto Canario de la Igualdad, Elena Mañez, que en comunicaciones administrativas han recomendado la modificación del artículo 3.1.1 de dicha instrucción para que los letrados y letradas sean incluidas en el colectivo de profesionales que en el ejercicio de sus funciones están excluidos de pasar el control, en iguadad de condiciones que magistrados, jueces y funcionarios del Ministerio Fiscal.

Era en estos controles en los que, con una interpretación estricta e injustificada, se les obligaba a quitarse el sujetador para comprobar que era el aro lo que pitaba y no algún otro objeto metálico, para lo que en cualquier caso hubiera bastado con pasar la raqueta detectora, como pasa en los aeropuertos.

Las recomendaciones de la defensora del Pueblo y de la directora del Instituto Canario de Igualdad han justificado los esfuerzos personales y profesionales realizados y "nos han permitido llevar con dignidad las críticas recibidas de quienes nunca han comprendido nuestras reivindicaciones", que prácticamente se limitan a las del Csif y los miembros del Colegio que tenían que haber puesto solución.

En su opinión, el apoyo desde instituciones públicas y compañeros y compañeras de profesión han sido unánimes y determinantes para sobrellevar la carga que supuso sacar este penoso asunto a la luz pública, lo que finalmente ha valido la pena porque una vez más se demuestra que hay que luchar “por el ejercicio del Derecho de Defensa con dignidad e igual.