Mari Carmen Castellano está pendiente de juicio en el caso Faycán y se enfrenta a cinco años de cárcel por blanqueo, malversación, falsedad y fraude
Acusada de blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos, falsedad documental y fraude, y candidata del PP en el municipio grancanario de Telde que gobierna desde 2011. Mari Carmen Castellano, para quien la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas solicita cinco años de cárcel y catorce de inhabilitación para empleo o cargo público, ha recibido el plácet del PP para repetir a la Alcaldía de la segunda ciudad de Gran Canaria y cuarta del Archipiélago.
Este viernes ha sido refrendada su candidatura por el Comité Electoral del Partido Popular en Gran Canaria, acto en el que se eligió a todos los candidatos de los populares en los municipios de la isla.
Castellano es una de las 29 personas implicadas en el denominado caso Faycán, cuyo vista oral está pendiente de fecha desde 2013, y de la que ya en septiembre pasado el presidente de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya, adelantaba que no se fijaría antes de las elecciones del 24 de mayo, "por sentido común", para que no coincidiera con la carrera electoral de la alcaldesa, provocando un gran revuelo al supeditar el calendario judicial al político.
La acusación contra Mari Carmen Castellano se centra fundamentalmente en el desvío de fondos públicos de empleo procedentes de la Unión Europea para la reforma de la sede del PP en el barrio teldense de Arnao. Así ha quedado acreditado para el Ministerio Público, al formular su escrito de acusación de este sonado caso en las Islas, que se remonta al periodo 2003-2007, cuando el PP accedió al gobierno municipal en un pacto con el grupo Ciuca.
El caso Faycán supuso un terremoto en Gran Canaria durante 2006, cuando entre marzo y noviembre se produjeron decenas de detenciones, entre ellas la de la práctica totalidad del gobierno presidido entonces por Francisco Valido, y en el que Mari Carmen Castellano era concejal de Empleo y Desarrollo Local, además de presidir el PP teldense.
Las pesquisas de la Policía y del juez instructor, Javier García García-Sotoca, habían dado con todo un entramado de comisiones ilegales para poder contratar con el ayuntamiento, desde ferreterías hasta promotoras de viviendas sociales, en este caso, germen de la pieza separada ya juzgada del Grupo Europa.
La antecesora de Castellano al frente del partido, María Antonia Torres, concejal de Vías y Obras en el momento de los hechos, fue la primera en ser detenida en marzo de 2006 y se la consideró el cerebro de una trama para delinquir en nombre del PP. En 2010 se suicidió.
vecino | Domingo, 15 de Marzo de 2015 a las 19:47:52 horas
vergüenza, esto solo lo arreglamos los ciudadanos con conciencia y sentido común, esta gente no puede seguir gestionando nuestro dinero
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