La fiscal urge al juez a que se pronuncie ya sobre los nuevos delitos de Clavijo

La fiscal anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, ha pedido al juez Cesar Romero Pamparacuatro, que instruye el caso Corredor, que se pronuncie a la mayor brevedad sobre los dos delitos de tráfico de influencias de los que acusa al actual alcalde de La Laguna y candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias por CC, Fernando Clavijo.

En una providencia, la fiscal pide al magistrado del juzgado de Instrucción 1 de La Laguna que se pronuncie sobre los dos nuevos posibles tráficos de influencias en los que Fernando Clavijo habría incurrido, en relación a los horarios de cierre de los locales El Palco y Utopía, ambos propiedad del empresario de la noche Evaristo González, principal encartado en la causa general y dos piezas separadas de la supuesta trama de corrupción que aglutina el caso Corredor.

Igualmente, la Fiscalía solicita el pronunciamiento del juez en relación a un posible tráfico de influencias que habría cometido el candidato a presidente en la contratación de un empleado en Urbaser. Para el Ministerio Público no hay delito, pero tanto Sí Se Puede como Socialistas por Tenerife, que ya están personados como acción popular, tienen intención de mantener la acusación por este hecho.

Por su parte, Pamparacuatro ha ordenado la busca de la testigo protegida que fue técnico municipal en La Laguna y que habría asistido a una reunión entre los denunciantes Carlos Calderón y su entonces Pareja, Isaac Tacoronte, con el aún alcalde de La Laguna.

De la misma manera, el magistrado ha pedido que se contraste con una prueba grafológica las firmas de Tacoronte en sus testificaciones ante la policía judicial, después de que tras declarar el pasado 8 de enero afirmara que una de esas testificaciones era falsa.

Asimismo, se citarán en próximos días a ocho testigos propuestos por Evaristo González, quien sostiene que no hay causa y no habrá juicio oral, por nulidad de las escuchas telefónicas desde el origen de la instrucción judicial, además de intentar de la misma apartar al juez Romero Pamparacuatro, al que ha acusado ante el TSJC de prevaricación.