La moratoria: ¿se perpetúa el bloqueo al crecimiento turístico?

El Ejecutivo canario ha dado un portazo definitivo a la reforma de la ley turística y parece ser que mantendrá el actual bloqueo al crecimiento económico-turístico. Sin tapujos, el Consejero de Política Territorial admitió la semana pasada que, para él, "la reforma de la ley turística no es una prioridad" (La Provincia/DLP, 08.01), aparcando su revisión de forma definitiva.

Recordemos que la controvertida Ley de Renovación Turística (tercera moratoria) fue aprobada el 29 de mayo del 2013, con gran oposición y sin ningún tipo de consenso (las primeras dos moratorias tuvieron consenso), día desde el cual se pide su urgente revisión, especialmente desde la isla de Gran Canaria en cuanto a la posibilidad de admitir la construcción de hoteles de cuatro estrellas. El Ejecutivo logró posponer inicialmente dicha revisión durante un año, prometiendo una evaluación de la ley al año de vigencia (en mayo del 2014), lo que se efectuó con medio año de retraso (en octubre 2014). Dicha auto-evaluación interesada, al ser realizada por el mismo Ejecutivo sin ningún rigor objetivo, valoró la ley de forma positiva, mientras que, paralelamente, el Cabildo de Gran Canaria presentó una evaluación independiente con resultados contrarios. A pesar de su auto-evaluación positiva, el Ejecutivo se comprometió en octubre a permitir la construcción de nuevos hoteles de cuatro estrellas en base a "determinados criterios de calidad", los cuales se comprometió a definir próximamente. Ese fue el compromiso. Ahora, otros cuatro meses después, el Ejecutivo anuncia que dicha revisión prometida no se efectuará y que la ley queda tal como está de forma definitiva, al menos para lo que resta de legislatura.  

¿Por qué el Ejecutivo rompe ahora el compromiso de revisar la Ley Turística?

Caben varias suposiciones sobre los fondos de esta decisión. Veamos tres de ellas:

1) Nunca hubo intención de cambiar la Ley: Quizás el Ejecutivo canario nunca tuvo en mente el cambiar ni una sola letra de la Ley y sólo buscaba ganar tiempo, es decir, prolongar el bloqueo al crecimiento turístico el máximo tiempo posible, primero a través de la promesa de revisión después de un año y, posteriormente, a través del compromiso de definición de supuestos "criterios de calidad". Según Melchor Camón, el Presidente del Ejecutivo canario se comprometió con Ashotel durante la WTM de Londres del 2010 "a hacer una nueva moratoria turística muy restrictiva" (La Provincia/DLP, 09.01.2015).

2) La "calidad" ya está regulada: También es muy posible que el Ejecutivo, al empezar recientemente a revisar los estándares de calidad para nuevos hoteles de cuatro estrellas, se haya dado cuenta de que los estándares para dicha categoría ya están sobradamente regulados por la normativa vigente como, por ejemplo, a través del parámetro de densidad (Ley Turística 7/1995) o el Reglamento de Actividad Turística de Alojamiento (Decreto 142/2010). Por tanto, el legislador se podría haber encontrado con el dilema: ¿Y qué más puedo añadir a esta regulación?, resultando más cómodo desistir del cambio de la Ley antes que reconocer la imposibilidad de aumentar más la regulación cualitativa para hoteles de cuatro estrellas.

3) Nuevas constelaciones políticas: Otra posibilidad es que la rotura del compromiso de revisión se fundamente en los recientes cambios internos en CC, al mostrar el nuevo candidato a la Presidencia de Canarias su intención de suprimir la COTMAC, descentralizar las competencias territoriales-turísticas y abolir la moratoria turística, todo ello iniciativas económicas más acordes para la exigencia de crear empleo, que son el polo opuesto a la política actual y que podrían explicar el distanciamiento del actual Ejecutivo de todo planteamiento más permisivo que se acerque a ese nuevo programa de gobierno (de su propio partido). 

Sea como fuere, lo cierto es que todos los tres posibles motivos para la rotura del compromiso se fundamentan en intereses partidistas o de un determinado colectivo empresarial y nada tienen que ver con los problemas económicos y sociales de Canarias. Además, aquí se da la siguiente paradoja:  

Congelación de la Ley Turística vs. tramitación urgente de 18 nuevas leyes en 2 meses

A pocos días de iniciarse el 2015, posiblemente ya estemos ante lo que se convierta en la gran paradoja política del año: mientras se frena definitivamente la necesaria revisión de la Ley Turística se están tramitando a toda prisa 18 leyes, la mayoría de ellas sin contenidos de urgencia y puramente de cara a las elecciones de mayo. Entre estas 18 leyes se encuentran dos que afectan al ámbito turístico y que no sólo son innecesarias, sino que vienen a elevar la confusión y la inseguridad jurídica:

1) Ley de armonización y simplificación: A pesar de lo bien que suena su nombre, sus efectos podrían ser exactamente los contrarios, según diversos informes de expertos, como el segundo informe Catpe (2012), el informe del Consejo Económico y Social (2012) o el informe del Consejo Consultivo (mayo 2014). Éste último considera que “se puede crear el efecto contrario porque no ofrece un marco normativo sencillo, claro y poco disperso sino, al contrario, introduce nuevos conceptos y reglas en una modificación parcial que genera multitud de contradicciones y hasta antinomias sin derogar las leyes anteriores, que permanecen inalteradas.” Según este órgano, “sólo con un texto legal refundido de todas las normas vigentes se podría decir que se armoniza y simplifica el escenario que regula el urbanismo en las Islas, sin necesidad de elaborar una nueva ley”. Es decir, que se deberían derogar y refundir leyes, en vez de crear nuevos textos para añadir confusión e inseguridad jurídica para las inversiones.

2) Ley sobre tramitación preferente para inversiones estratégicas: Otra ley que suena bien en cuanto a su nombre, pero que de facto es una aberración para la economía de libre mercado, pues el Ejecutivo pretende reservarse el derecho de categorizar él mismo qué inversiones tienen ese carácter, a las cuales se les reducirían a la mitad los trámites de sus proyectos. Al margen de que dicha agilización de procedimientos ya está contemplada en la Ley vigente (Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas, art.50: “Tramitación de urgencia”), no debemos olvidar que en una economía regional inmovilizada por el intervencionismo y la burocracia, con un tercio de la población activa en paro, cualquier inversión lícita debería ser considerada estratégica. Además, el acortamiento de plazos de tramitación de un proyecto, en la que es posiblemente la región del mundo con más tiempos de tramitación burocrática, es una componente vital para una inversión y esto se estaría supeditando a criterios subjetivos que el inversor no podría predecir. Los textos jurídicos deben ser claros y objetivos; lo contrario genera inseguridad jurídica.

Conclusiones

En definitiva, no existe una causa acorde a las necesidades económicas y sociales de Canarias que justifique la rotura del compromiso de revisión de la Ley Turística y, con ello, el bloqueo definitivo del crecimiento turístico de Canarias. Las probables causas se encuentran más bien en el ámbito puramente político y electoralista, lo cual claramente podemos ver en la paradoja de frenar la revisión necesaria de la ley y, al mismo tiempo, impulsar con carácter de urgencia 18 leyes, en su mayoría innecesarias, para que se aprueben en los próximos dos meses. Todo ello hace prever que el 2015 va a ser un año de contenido puramente electoral y/o electoralista, pero en cuanto al crecimiento económico y la creación de empleo va a ser un año perdido.