Canarias aprueba ley de transparencia para reconciliarse con la sociedad

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad la Ley de Transparencia de Canarias, una norma con la que, pese que no incluye a la cámara legislativa en su ámbito de aplicación, se pretende reconciliar a las instituciones autonómicas con la sociedad, revertir la pérdida de la confianza en la gestión pública y que las administraciones sean consideradas "propias, cercanas y abiertas".

Así figura en la exposición de motivos de esta norma, que sitúa la transparencia como "una eficaz salvaguarda frente a la mala administración" al hacer posible que los ciudadanos conozcan mejor el empleo de los recursos públicos.

Con esta norma se pretende garantizar el acceso a la información pública con claridad y agilidad y se regula un régimen de infracciones y sanciones disciplinarias y administrativas, con la intención de garantizar su cumplimiento.

La obligación de transparencia incluye a la administración autonómica y a las entidades públicas y privadas vinculadas o dependiente de la misma, así como a las instituciones estatutarias, si bien el Parlamento de Canarias mantiene su autonomía para ajustarse a esta ley.

De momento, en tanto se aprueba un nuevo reglamento del Parlamento de Canarias, la cámara ha decidido incluir en las normas de régimen interior, aprobadas hoy por el pleno, una disposición transitoria en la que se detalla la información interna que hará pública.

En la Ley de Transparencia sí están incluidos los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales y entidades que perciban ayudas o subvenciones públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

También quedan obligados a suministrar información las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos, ejerzan potestades administrativas o tengan vinculación contractual con los organismos y entidades públicas sujetas a la ley.

El acceso a la información podrá ser por internet, según se regula en la Ley, que crea el portal de transparencia.

Todas las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley están obligadas a facilitar, preferentemente por medios electrónicos a través de sus respectivas sedes electrónicas o páginas web, la información cuya divulgación resulte de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

Se fija un mínimo de información que en todo caso debe hacerse pública, pero, al mismo tiempo se establece que dichas entidades podrán publicar por iniciativa propia toda la información que consideren relevante y de mayor utilidad para las personas, la sociedad y la actividad económica.

La Ley detalla la información que debe hacerse pública, como información institucional, organizativa, personal de libre nombramiento, empleo público, retribuciones, normas, servicios y procedimientos, información económica y financiera, patrimonio, planificación y programación, obras públicas, contratos, convenios, concesión de servicios públicos, ayudas y subvenciones, ordenación del territorio, medio ambiente e información estadística.

La Ley de Transparencia crea un nuevo cargo público, el comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, designado por Parlamento de Canarias, cuya función será "el fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y del derecho de acceso a la información pública".

El comisionado, elegido con el apoyo mínimo de tres quintas partes de los diputados para un periodo no renovable de cinco años, utilizará los medios humanos y materiales del Parlamento de Canarias.

Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, mientras que las sanciones incluyen la amonestación, la declaración de incumplimiento y publicación de la misma en el Boletín Oficial de Canarias y el cese en el cargo, junto a multas hasta un máximo de 300.000 euros.

En el debate parlamentario, Emilio Moreno, del PP, subrayó que esta ley la han hecho "los partidos políticos clásicos", y no formaciones "populistas", y se congratuló de que se aceptaran numerosas enmiendas de su grupo, entre ellas un endurecimiento de las sanciones.

Marisa Zamora, de CC, dijo que la ley es necesaria, oportuna e inaplazable, y afirmó que es más completa y mejor que la ley estatal.

Manuel Fajardo, del PSOE, destacó que todos los grupos han hecho un esfuerzo para el acuerdo e hizo un llamamiento para que el comisionado de transparencia sea nombrado por unanimidad.

Pedro Justo, de Nueva Canarias, consideró que es una ley de primer nivel dentro de las que hay en el Estado y señaló que aunque la opción de su grupo es que el control de la transparencia lo hiciera el Diputado del Común admitió que el hecho de que la figura del comisionado no altera la validez de la ley.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, dijo que esta ley es una seña de identidad de esta legislatura y se congratuló del consenso alcanzado entre las fuerzas políticas.

La ley canaria "se coloca a la vanguardia" de las aprobadas en el país y es más avanzada que la estatal, dijo Hernández Spínola, quien subrayó el proceso de participación social para la redacción de la ley, una herramienta útil para luchar con la corrupción.