NC de Santa Lucía ha aprovechado para mostrar su satisfacción por la resolución que “desvincula del caso” a Juan García, Ramón Ramos, Inmaculada Ramírez, Aurelio Falcón, Francisco García y Juana María Alvarado
El Juzgado de Primera Instancia Número 4 de San Bartolomé de Tirajana ha dictado el sobreseimiento de los concejales del grupo de gobierno de Santa Lucía, durante la legislatura 2003-2007 imputados en el denominado caso Palmera, tras su declararon de este miércoles.
En este sentido, NC de Santa Lucía ha aprovechado para mostrar su satisfacción por la resolución que “desvincula del caso” a Juan García, Ramón Ramos, Inmaculada Ramírez, Aurelio Falcón, Francisco García y Juana María Alvarado.
“Este hecho viene a confirmar la posición que venimos manteniendo desde hace tiempo sobre la inocencia de nuestros compañeros, y seguimos confiando en el proceso que va a llevar la justicia”, indicó el portavoz de la organización, Luis Alberto Campos.
Asimismo, ha aprovechado para mostrar el agradecimiento del partido por el trabajo realizado por los abogados José María Palomino, José María Guerra Aguiar e Isabel del Toro, quienes confían “en la gestión realizada por el grupo que gobernaba en el municipio en 2005, y expresamente con su decisión sobre el anteproyecto del Futuro Parque Eólico”.
Hechos
El Juzgado de Primera Instancia (e Instrucción en aquel entonces) nº 4 de San Bartolomé de Tirajana imputó al ex alcalde, Silverio Matos y al ex concejal de Urbanismo, Antonio Ruíz, en 2007 por los presuntos delitos de prevaricación y abuso en el ejercicio de la función pública.
En el mismo procedimiento se mantiene la imputación sobre los administradores de Inmuebles Comerciales La Mareta, S.L. Antonio Marcial Sánchez Franco y José Luis Alemán Suárez.
Los hechos denunciados por Rufino Pérez se produjeron supuestamente en 2004 cuando presuntamente los imputados pretendían poner en marca la instalación de un gran parque eólico en las cercanías de Pozo Izquierdo.
En ese momento el Ayuntamiento de Santa Lucía se había presentado al concurso eólico convocado por el Gobierno de Canarias, que se suspendió en 2006) pero al no contar con suelo suficiente para poder ejecutar su propuesta, adquirió tres parcelas colindantes que se unirían a las tres que ya poseía para ganar el concurso.
Los empresarios Antonio Marcial Sánchez Franco y José Luis Alemán Suárez entrarían en la negociaciones para comprar esas parcelas por encima del precio de mercado, 600.012 euros, sin que el dueño original conociese el proyecto final; a cambio, adquirían el 9 por ciento del parque eólico, valorado en unos 3,5 millones de euros.
* Foto de archivo








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