La Corporación de Santa Lucía ha aprobado una Declaración Institucional por el apoyo de todos los grupos políticos, en la que insta al Gobierno canario y a los bancos a poner a disposición de las familias necesitadas
La Corporación de Santa Lucía ha aprobado este jueves una Declaración Institucional al Gobierno de Canarias a paralizar los desahucios que realiza a través de la empresa pública VISOCAN, hasta que se apruebe la Ley de Vivienda.
El documento, aprobado por todas las fuerzas políticas del consistorio, solicita revisar los requisitos para proceder a estos desahucios, “adaptándolos a los nuevos tiempos y la situación actual”.
La Declaración Institucional pide además competencias para los ayuntamientos en la nueva Ley de Vivienda que les permitan aprobar programas destinados al fomento de hogares, donde se contemplen medidas para evitar la desocupación permanente e injustificada de viviendas.
En este sentido, instan al Gobierno canario y a los bancos a poner a disposición de las familias necesitadas “de manera urgente” las viviendas de titularidad pública o de entidades financieras que están desocupadas permanentemente.
“Centenares de miles de familias han llegado a una situación límite al perder sus viviendas y las administraciones locales, “infravaloradas de recursos, son las que reciben en primera instancia el impacto de esta situación, al ser la institución más cercana a la ciudadanía”, expone el documento.
La falta de recursos locales, añaden, contrasta con los miles de pisos en desuso que acumulan las entidades financieras y sus inmobiliarias, “responsables de la burbuja inmobiliaria y de la actual crisis”.
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