NC en Santa Lucía rechaza las “mentiras” sobre la imputación del grupo de gobierno en el caso “Palmera”

Nueva Canarias en Santa Lucía de Tirajana ha mostrado su rechazo a las “mentiras” que aseguran la supuesta imputación de todos los concejales del gobierno municipal en el año 2005 en el conocido como caso “Palmera” sobre una trama de presunta corrupción urbanística.

“Mostramos nuestro rechazo total y absoluto a las informaciones sobre la supuesta imputación a todo el gobierno municipal de Santa Lucía de 2005 por parte de la Fiscalía, porque contienen muchas inexactitudes y mentiras claramente refutables”, señaló un comunicado de la organización.

También nos sorprende a los nacionalistas que la imputación aparezca en la prensa antes que se le notifique a los concejales por lo que reiteran que es “rotundamente falso” que el Ayuntamiento pagara 600.000 euros por las parcelas particulares que se iban a añadir a las municipales, para completar los terrenos necesarios y constituir el parque eólico, motivo de la apertura de este caso.

Asimismo, en cuanto a los detalles de la defensa, el partido niega su intención de ceder el 95 por ciento del parque eólico a particulares, sino todo lo contrario: siempre exigió tener la mayoría, el 51 por ciento de las acciones para el municipio. 


En cuanto a las coincidencias sobre la operación y la celebración de un pleno ordinario el 11 de enero de 2005, no se celebró pleno alguno sobre este asunto “ni urgente ni de ninguna otra clase”, aclaró el portavoz del partido, Luis Campos.


Incluso en el equipo que formaba el grupo de gobierno de entonces, según la controvertida información, figuran personas que ni siquiera eran concejales en aquel momento, por lo que difícilmente podían formar parte del grupo de gobierno, como es el caso de Antonia María Álvarez, añadió.


Para NC resulta sorprendente que que la supuesta imputación se produzca ahora, siete años después de que se iniciara el proceso y cuando un informe pericial del propio Juzgado afirma literalmente que “las subparcelas afectadas en los tres convenios de permuta (...) del anteproyecto Futuro Parque Eólico de Santa Lucía (...) lo fueron en función de la disposición de los aerogeneradores según un diseño previo de parque eólico (atendiendo a las normas del concurso de 2004) proyectado por el Ayuntamiento de Santa Lucía y buscando la optimización de la inversión”.

“De ninguna manera se ha percibido arbitrariedad en las decisiones tomadas al respecto”, indica la pericial encargada por el propio Juzgado.

Por este motivo, NC comparte y se solidariza con la gestión realizada por el grupo que gobernaba en el municipio en 2005, y expresamente con su decisión sobre el anteproyecto del Futuro Parque Eólico, motivada única y exclusivamente por el interés general.

Por otro lado, Campos mostró su indignación por el desarrollo de este caso en el tiempo, “el de una palmera que curiosamente echa palmas siempre que se acercan las fechas electorales”.

“Ya está bien de que se siga jugando con este asunto que está plagado de una mentira detrás de otra”, enfatizó.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de San Bartolomé de Tirajana imputó al ex alcalde, Silverio Matos y al ex concejal de Urbanismo, Antonio Ruíz, en 2007 por los presuntos delitos de prevaricación y abuso en el ejercicio de la función pública.

En el mismo procedimiento se mantiene la imputación sobre los administradores de Inmuebles Comerciales La Mareta, S.L. Antonio Marcial Sánchez Franco y José Luis Alemán Suárez.

Los hechos denunciados por un particular se produjeron supuestamente en 2004 cuando presuntamente los imputados pretendían poner en marca la instalación de un gran parque eólico en las cercanías de Pozo Izquierdo.

En ese momento el Ayuntamiento de Santa Lucía se había presentado al concurso eólico convocado por el Gobierno de Canarias, que se suspendió en 2006) pero al no contar con suelo suficiente para poder ejecutar su propuesta, adquirió tres parcelas colindantes que se unirían a las tres que ya poseía para ganar el concurso.

Los empresarios Antonio Marcial Sánchez  Franco y José Luis Alemán Suárez entrarían en la negociaciones para comprar esas parcelas por encima del precio de mercado, 600.012 euros, sin que el dueño original conociese el proyecto final; a cambio, adquirían el 9 por ciento del parque eólico, valorado en unos 3,5 millones de euros.