El Cabildo estudia acciones legales contra el Gobierno

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha indicado este jueves que la corporación insular estudia acciones legales contra el Gobierno de Canarias por acusarle de "desviación de poder" al promover la protección del Oasis de Maspalomas.

"Eso de desviación de poder, que suena como muy truculento, en definitiva es una práctica administrativa que nunca hemos seguido, no hemos perseguido a través del BIC un fin distinto de aquel para el que está previsto", ha asegurado Bravo de Laguna a los periodistas.

A su juicio, el Oasis de Maspalomas "merecía que el Gobierno de Canarias hubiera sido menos cicatero con Gran Canaria".

Bravo de Laguna respondía así al Gobierno, que ayer acusó al Cabildo de Gran Canaria de haber incurrido en "desviación de poder" al promover la protección del Oasis de Maspalomas como bien de interés cultural con una finalidad distinta a la prescrita por la Ley de Patrimonio y sobre unas bases históricas que cuestiona.

El Gobierno canario (CC-PSOE) lanzó este reproche al Cabildo que preside José Miguel Bravo de Laguna (PP) a través del Boletín Oficial de Canarias (BOC), que ayer publicó el decreto por el que se desestima la solicitud de proteger ese espacio del sur de la isla por su vinculación con los viajes de Colón a América.

Bravo de Laguna considera que la acusación del Gobierno contra el Cabildo muestra que "estamos en la fase de descortesía institucional y de un cierto desprecio a la labor que ha hecho el Cabildo de Gran Canaria en un expediente de BIC importantísimo, quizá el más importante que se haya confeccionado en Canarias".

Asimismo, ha recordado que la corporación insular tiene de plazo los meses de septiembre y de octubre, ya que agosto es inhábil, para decidir qué acciones legales emprende.

Probablemente presente un recurso contencioso administrativo, pues el Cabildo cree que recurrir al Gobierno "es inútil, dada la posición que ha adoptado en este tema, que nos parece de absoluto seguidismo con las tesis de Riu, son las que han prevalecido, y nos parece que el Gobierno no es imparcial", ha dicho Bravo de Laguna.

A juicio de Bravo de Laguna, "hemos conseguido un cierto objetivo", pues de no haber sido por el Cabildo de Gran Canaria ese espacio estaría totalmente desprotegido, aunque "no es la protección que nosotros buscábamos y la que merece Gran Canaria".

En su opinión, "el Gobierno de Canarias sigue empeñado, y así lo demuestra el hecho de que quien ha tomado protagonismo en este tema es el consejero de Política Territorial, en colocar todos los temas de Canarias en el ámbito territorial y urbanístico, parece que eso lo que les gusta, nosotros en cambio, entendíamos que este era un expediente de protección cultural".

Los bienes culturales "son de mayor rango" que los urbanísticos, y es lo que el Cabildo de Gran Canaria pretendía, según su presidente.

Con su decisión, el Gobierno de Canarias se pronuncia "en contra de sus propios actos", pues aprobó el Plan de Mejora y Modernización de San Bartolomé de Tirajana hace menos de dos años y ahora lo suspende, con lo que "nos da la razón de que aquello había que protegerlo".

Bravo de Laguna ha destacado que, aunque el Ejecutivo se refiere habitualmente a la inseguridad jurídica, él la ha incrementado, pues ha suspendido las licencias y "se ha cargado su propio plan" de modernización y mejora de San Bartolomé de Tirajana, al tiempo que acusa al Cabildo de "desviación de poder".