La novísina educación canaria

En la pasada semana se aprobó la Ley Canaria de Educación, para el ámbito no universitario que es dónde radican los principales problemas educativos, como demuestra el hecho de que nuestros escolares escalen las más altas cotas del fracaso escolar, medido en términos absolutos y en tasa de abandono temprano, las mayores de la UE según el sindicato de enseñantes STEC-IC.  Esta nueva ley se deriva de una iniciativa legislativa popular (ILP) presentada ya en el año 2010. 

Cabe destacar que no es fruto ni siquiera del trabajo propio de esos grupos políticos que dicen ocuparse y preocuparse del bienestar y desarrollo social de los ciudadanos canarios, sino de un documento avalado por 36.070 firmas.  Por cierto, 14.000 menos que la suma de votos en blanco y nulos, y poco menos de la mitad de los 82.148 que obtuvo Nueva Canarias en las pasadas elecciones.  Como ILP es importante sin la menor duda, pero también hay que darle el peso social que realmente tiene y no magnificarla, aunque ahora todos se quieran subir a su carro y no querer ver el fondo de la cuestión.

A mi modo de ver la cuestión, hay dos cosas que me llaman la atención.  Una de ellas es puramente económica o técnica, es la obsesión que tienen algunos, en particular los sindicatos, de suponer sin la menor justificación empírica y estadística, que calidad educativa y mejora de resultados está en relación directa con las inversiones y con el PIB.  La ley fija incrementar paulatinamente el gasto, aunque eufemísticamente lo llama inversión, hasta alcanzar el 5% del PIB en el 2020. 

Si la cuantificación en el 7% de los gastos era correcta en la ILP, es de suponer que habiendo hecho en paralelo un sesudo y riguroso análisis del incremento previsible del PIB canario para los siguientes 10 años, la iniciativa se presentó en el 2010, es evidente que el 5% de incremento aprobado, un 0,77% mas que el 4,23 actual, sólo podrá mejorar la educación en Canarias un poquitín. ¿No parece que el planteamiento hecho en porcentajes y no en necesidades reales e inventariables, es una auténtica demagogia gremial que no piensa en los alumnos sino en reivindicaciones laborales y sindicales?

La segunda cuestión, que no agota las dudas que surgen por doquier, es de índole política.  La satisfechísima Consejeria de Educación dice que “esta nueva norma entrará en vigor en el próximo septiembre”, en el inicio del nuevo curso, dentro de tan sólo un par de meses mal contados.  Añaden que Canarias dispondrá de un “modelo educativo propio, con capacidad para adaptar a sus singularidades el sistema estatal y, a la vez, desarrollar iniciativas propias”.  De nuevo está presente el más genuino estilo voluntarista, confundiendo deseos con realidades y capacidades objetivas.  A la vez el Gobierno de Canarias culpa a Madrid, siempre entre líneas, del horroroso desastre educativo, esta vez sí que sin precedentes en la historia autonómica.  De nuevo hay un chivo expiatorio para cargar con la evidente mala gestión de la educación en esta tierra.

Se quejaba la Consejería que no había tiempo para aplicar aquí la nueva Ley de Educación española, pero le sobra tiempo para hacer las adaptaciones y desarrollar nuevas iniciativas.  El problema real es que estos experimentos demagógicos los pagan los jóvenes educandos y los cobran muy bien los políticos y “operadores” ineficaces.