¿Y por qué no desahucian el Parlamento?

Se atraviesan tiempos en los que parece que todo vale, en los que el relativismo moral, ético y político está alcanzando niveles impensables hace tan sólo un par de décadas.   También las cotas de puerilidad mental baten récores, pulverizados por otros aún más audaces al día siguiente, proponiendo como soluciones a los graves problemas políticos y sociales que padecemos, deseos tan vagos y etéreos como inconcretos o imposibles de realizar.

En cualquier bar hoy se polemiza sobre los conceptos básicos de estado y nación, discutidos y discutibles según Zapatero y el zapaterismo rampante.  La nueva salsa para todos los guisos es la demagogia populista y asamblearia de ese movimiento que parece estar cocinando para zamparse a la PSOE y a IU en una especie de arroz a la cubana o venezolana, que para hacerlo más bananero si cabe, su ingrediente fundamental es el plátano.  Tan poco original es Podemos, copiado de los manuales para las revoluciones pendientes y las fracasadas, que hasta ha tomado el nombre del eslogan de su mayor enemigo imperialista: el “We can” de Obama, por cierto Presidente de los EEUU y Gran Satán para los enemigos de las libertades que gobiernan los paraísos comunistas y los países dominados por los integristas islámicos.

Tal como se ha publicado, el pasado día 11, el Parlamento de Canarias aprobó la llamada ley antidesahucios, redactada sobre la base de la norma que en su momento aprobó la Junta de Andalucía.  Esta ley, que de “ilegal” y de “plagio” la calificó en el Pleno Felipe Afonso, fue aprobada con los únicos votos de la coalición de gobierno actual, CC y PSOE, con las abstenciones del Partido Independientes de Lanzarote y de Nueva Canarias (NC) y el voto en contra del PP.  Y cada formación política actuó, o dijo que actuaba, por razones distintas

Aún no ha habido, que yo sepa, manifestaciones en contra de la aprobación de esta ley por la mayoría gobernante en contra del criterio, por votación o por abstención, de la totalidad de la oposición.  Y es que, visto lo visto y oído lo gritado en las calles, esa soledad sólo es criticable y poco democrática si la aprobación se produce en el Congreso con sólo los votos del partido que obtuvo mayoría absoluta por votación popular en España y no por pactos más o menos contra natura, como es evidente en el caso canario.

En la aprobación de esta ley hay cuestiones y se han dicho cosas que, probablemente y sin dudarlo, escandalizarían en cualquier foro donde aún se crea vivir dentro de un estado con un mínimo de seguridad jurídica.  Para empezar, los que hicieron el “corta y pega” de la ley original andaluza y navarra, se supone que sin cobrar por tan duro trabajo intelectual, parece que olvidaron el sutil detalle de que el Tribunal Constitucional ha paralizado la aplicación de varios preceptos. “Es nauseabundo que se dé como respuesta a la gente una ley inconstitucional”, llegó a decir Felipe Afonso aunque él sabía muy bien que tal “rasgado de vestiduras democráticas” sólo era de cara a la galería y a las columnas como esta (¡gracias!).

Sin sonrojarse y despeinarse siquiera, José Miguel Ruano reconoció que hay “dudas” sobre la legalidad del texto. Y, para no ser menos en el despropósito, el portavoz del PSOE Manuel Fajardo, se felicitó por la “valentía” que para los socialistas supone aprobar la ley a pesar de la “amenaza” de inconstitucionalidad.  Lo que para ellos es valentía, a mi entender, no es más que pura temeridad y demagogia aforada, eufemismo práctico para no decir impune ante la ley y el más elemental sentido de la justicia, la prudencia y respeto a la ciudadanía.