Fernando Toribio Fernández.- El Gobierno del Estado sin talante, ni dialogo y consenso alguno, ha decidido imponer “manu militari” su criterio de instalar la segunda cárcel de Gran Canaria, en Juan Grande, dentro del principal municipio turístico de Canarias, San Bartolomé de Tirajana.
Para ello, y a política de hechos consumados, la Sociedad Estatal de Infraestructuras e Instituciones Penitenciarias, ha adjudicado a una empresa gallega la redacción del proyecto por una cuantía de 391.000 euros. Es decir, que dentro de 10 meses, tendremos el diseño del equipamiento carcelario configurado en base al Plan Territorial Especial de Instalaciones Penitenciarias en Canarias. El Plan fija capacidad del centro en 1008 internos, distribuidos en cuatro plantas.
La superficie que se edificará asciende a 100.000 metros cuadrados, y el edificio contará con un muro perimetral de 6 metros de altura. ¿Es compatible el modelo de desarrollo turístico de San Bartolomé de Tirajana con la construcción de una cárcel de nuevo cuño? ¿Beneficiará realmente al municipio, o será por el contrario, una más de las pesadas servidumbres que gravitan sobre San Bartolomé de Tirajana, como el vertedero de basuras, la central térmica, las plantas machacadoras, y cementera? Lo único cierto parece ser, que ningún municipio de Gran Canaria quiere tener una cárcel en su territorio, y eso será por algún motivo.
Para construir una cárcel en San Bartolomé de Tirajana municipio turístico por excelencia, y motor de la economía de Gran Canaria, se hace antes necesario contar no sólo con un amplio consenso entre los interlocutores sociales y agentes económicos locales, sino, además, con todos los operadores públicos y privados del sector turístico a nivel insular y regional.
La complejidad del entorno turístico internacional y los continuos e importantes cambios que en el mismo se producen, y que afectan a San Bartolomé de Tirajana como destino turístico, nos sitúan ante la necesidad de planificar el adecuado desarrollo turístico integral de cualquier zona para no perder competitividad, identificando las oportunidades y amenazas, las fortalezas y debilidades.
¿Existen en otros lugares de España o de Europa municipios turísticos que apuesten por la construcción de cárceles modernas, que dinamizan la actividad económica de la zona al funcionar como una especie de empresa comarcal, y que sean compatibles con el sector turístico? ¿Un beneficio económico a corto plazo lo será también a largo plazo? El estudio de impacto ambiental realizado por el Gobierno del Estado, habla de que habrá beneficios económicos para la zona porque el Ayuntamiento recibirá unos 3.000.000 de euros en un solo acto por licencia de edificación.
Además, unos 350 operarios trabajarán en el municipio durante los dos años que durarán las obras. Y una vez que las instalaciones comiencen a funcionar, se incorporarán a la actividad unos 500 funcionarios y 35 laborales, que fijarán su residencia en San Bartolomé de Tirajana.
¿En donde residirán los trabajadores y funcionarios de la nueva cárcel? Lógicamente irán a los municipios limítrofes, quiénes ya están recogiendo a los hijos de vecinos y vecinas de San Bartolomé de Tirajana, que al no poder adquirir una vivienda por la escasez y los exorbitados precios de las mismas, así como porque los alquileres son mucho más baratos, terminan marchándose del municipio. Además, los municipios limítrofes tienen más infraestructuras y equipamientos (San Bartolomé de Tirajana no tiene ni un cine), notándose la diferencia de precios. Se produce la disfuncionalidad absurda de que las personas que trabajan y que tienen a sus familiares en San Bartolomé de Tirajana, tengan que invertir fuera de su municipio porque no encuentran oportunidades en el mismo.
Sin perjuicio de opiniones mejores fundadas que la mía, considero un grave error estratégico la construcción de la cárcel en los Llanos de Juan Grande, localidad integrante del municipio turístico de San Bartolomé de Tirajana, que puede verse afectado en la ventaja competitiva del producto turístico ofertado. La cárcel no es sólo un problema económico.
Por el contrario, a nivel de producto turístico configurado como conjunto de prestaciones y elementos tangibles e intangibles (que incluyen recursos y atractivos, equipamientos e infraestructuras, servicios, actividades recreativas, imágenes y valores simbólicos) que ofrecen unos beneficios capaces de atraer a grupos determinados de consumidores, porque satisfacen las motivaciones y expectativas relacionadas con sus tiempo libre, es eminentemente no económico. Es fundamentalmente social y ético-político. Sin contar con que también lo útil económico puede tener, y con frecuencia las tiene, consecuencias perjudiciales, consecuencias nocivas.
San Bartolomé de Tirajana tiene un modelo de desarrollo económico y social basado en el turismo que no debe ser alterado, y la diversificación económica tiene que pasar por la consecución de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana que va a configurar el estatuto del suelo, como instrumento de ordenación integral del municipio, fijando un mínimo de exigencias que van a plasmar nuestra manera de ser y de pensar, llevada a la vida pública con acciones tendentes a evitar una mediocridad especulativa, carente de compensación colectiva.
Por lo tanto, Juan Grande dentro del reto de la integralidad y transversalidad de las políticas de diversificación y diferenciación que como futurible se plantea el municipio de San Bartolomé de Tirajana, no deben pasar por un equipamiento carcelario, que si de por si ya no estimula a los residentes de otros municipios grancanarios, menos aun le gustarán a los turistas que nos visitan.
Si en cambio se debe apostar por la agricultura, de hecho el terreno donde se ubica la cárcel es de uso agrícola, o un turismo rural, también con la implantación de industrias vinculadas a las nuevas tecnologías de la comunicación e información, energías renovables, etc.
Los munícipes de San Bartolomé de Tirajana deben posicionarse claramente ante esta imposición del Gobierno Central sin debate, consenso ni dialogo alguno, quién además, ha hecho oídos sordos a una resolución del Ayuntamiento, en la que todos los grupos políticos por unanimidad se opusieron a su instalación para que no tengamos que arrepentirnos en el futuro. En este sentido se hace necesario el que todos los interlocutores sociales y agentes económicos, se posicionen al respecto. ¿Es buena o mala para San Bartolomé de Tirajana la construcción de la cárcel? ¿Afectará positiva, negativa o neutramente a su imagen turística?







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