La Federación Regional del Taxi de Canarias ha mostrado su apoyo “incondicional” a las reivindicaciones de los taxistas de los municipios de Agüimes e Ingenio, en la organización de las movilizaciones organizadas en defensa de los intereses del sector
La Federación Regional del Taxi de Canarias ha mostrado su apoyo “incondicional” a las reivindicaciones de los taxistas de los municipios de Agüimes e Ingenio, en la organización de las movilizaciones organizadas en defensa de los intereses del sector.
La federación ha rechazado la declaración de área sensible del Aeropuerto de Gran Canaria, Puerto de la Luz y Agaete, al considerar que "esconde abrir camino a un número reducido de taxistas, fundamentalmente de Las Palmas de Gran Canaria, que podrán prestar sus servicios en la zona “para montar su negocio particular utilizando como base de operaciones el propio aeropuerto”.
El colectivo ha denunciado estas intenciones ante el Cabildo de Gran Canaria y los diferentes ayuntamientos de las zonas turísticas de la isla, porque no respeta los intereses “legítimamente obtenidos” por los taxistas de Telde e Ingenio, como así lo acreditan los propios estudios y documentos de Cabildo de Gran Canaria.
Además, se pone en riesgo la viabilidad económica y social tanto de estos municipios como los del resto de Gran Canaria, al consentir que un sector, “eminentemente social como ha sido éste durante toda la vida, se convierta en el coto particular de unos pocos, y lo que es más triste, con el apoyo de las instituciones”.
Responsabilidades
La federación de taxistas ha responsabilizado de este apoyo a la propia Consejería de Transportes del Cabildo de Gran Canaria, “como brazo” ejecutor de la creación del Área Sensible, “sin tener en cuenta nada, que no sea la cerrazón de crear este instrumento de intrusismo, sin atender las más elementales razones de prudencia y oportunidad”.
La segunda, de aquellas instituciones a las que advirtieron de las consecuencias de esta declaración, y que han preferido no pronunciarse en referencia a las mismas.
Asimismo, culpan a aquellas entidades públicas que “viviendo el problema en primera persona, es la ambigüedad, la falta de claridad y la ausencia de decisiones para acatar el problema de raíz, lo que ha provocado que estos últimos seis meses no hayan servido más que para seguir enredando una situación ya de por sí bastante ingobernable”.
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