La sordera política del ruido (y 2)

Tal como se comentó en la primera entrega, las autoridades públicas son muy reacias a actuar en la prevención o represión de la contaminación medioambiental que origina el ruido. La sordera política y judicial a las palabras del Defensor del Pueblo de los distintos gobiernos regionales y nacionales ha sido casi total.  Del contundente informe que emitió el año 2005 con el título de “Contaminación acústica”, caben destacar dos reveladoras afirmaciones.

La primera: “Así como no parece justo que identifiquemos la contaminación acústica con, por ejemplo, la vivaz algarabía de las reuniones juveniles, tampoco lo parece —quede dicho resueltamente— que confundamos a quienes luchan contra el ambiente ruidoso, tantas veces de forma desinteresada, con unos seres exquisitos y detestables, característicos de sociedades opulentas y que sólo buscan arruinar (por ejemplo) el desarrollo turístico y el mundo empresarial del ocio.  Así venimos afirmándolo en cuantas ocasiones aparecen”.

Esto, aplicado a los casos en los que el conflicto ciudadano ha llegado a las primeras páginas de los periódicos en Canarias, cabe recordar las luchas que los vecinos de los edificios cercanos a los entornos carnavaleros mantuvieron con los ayuntamientos.  A los que protegían su salud se les acusó de ser “seres exquisitos y detestables” y de querer suprimir los carnavales, fiestas que no son esencialmente una “vivaz algarabía juvenil”, salvo que se considere que lo importante es el espíritu festivo y no la edad.  Lo que pretendían era solamente que estas fiestas y otras similares, que se prolongan por semanas y hasta la madrugada, se celebraran en lugares idóneos donde se minimizaran las molestias por las contaminaciones medioambientales que generan: la acústica, la de seguridad ciudadana y la etílica entre otras.  Así se respetaría la libertad del que va a ellas y del que quiere descansar.

La respuesta de las autoridades para encontrar una solución de compromiso y consenso, buscando o habilitando con tiempo suficiente otros espacios urbanos para este tipo de celebraciones multitudinarias, ha sido prácticamente nula. La única “solución” ha sido la limitación de horarios para todo el mundo, incluso para los que cumplen las leyes, insonorizando sus locales, por ejemplo, o son ajenos a este problema.  En ninguna ley u ordenanza que conozca se incluye, por ejemplo, la obligatoriedad de disponer de alarma y registrador de niveles sonoros donde se instale megafonía en espectáculos al aire libre o en recintos cerrados, para proteger contra los excesos a vecinos y espectadores, al igual que es preceptivo el uso de tacómetros en cierto tipo de vehículos para servicio público.  Tampoco se determina, creo, la responsabilidad civil y penal por daños auditivos de los llamados “técnicos de sonido”, las más de las veces sólo pendientes de quien les azuza al grito de “¡dale caña!”.   

La segunda afirmación del Defensor del Pueblo resulta desmoralizante cuando dice que “… no hay por qué ocultar que proliferan las ocasiones para la sensación de impotencia. Es una experiencia frustrante, por ejemplo, presentar a las administraciones el problema de la contaminación acústica … y recibir como respuesta, … de que el ruido es en tal o cual caso inevitable, o los argumentos manifiestamente erróneos de que no hay regulación suficiente o de que no es exigible la obligación de insonorizar”.

Si al Defensor del Pueblo lo torean así, ¿qué pueden hacer las víctimas ante la maquinaria inane de la administración?  Por favor, que el último que salga, apague la luz y el sonido…