La Defensora del Pueblo revisa la merma de derechos de militares en Gando

La Defensora del Pueblo investigará por qué no se cumple con la conciliación de la vida laboral y familiar en la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria, y pedirá explicaciones al Jefe del Estado Mayor del Ejercito del Aire, de por qué no se respeta la reducción de jornada de los militares que la tienen concendida para atender a sus hijos menores de 12 años.

Son varios los funcionarios militares de Gando que se han puesto en contacto con el Alto Comisionado de las Cortes españolas para quejarse de la indefensión en que se encuentran desde que a finales de 2013, las Fuerzas Armadas, y en concreto el Mando General Aéreo de Canarias, pusieran limitaciones a sus reducciones de jornada laboral y les obligasen a llevar a cabo servicios, guardias, maniobras y otras actividades análogas, de las que a priori debían estar exonerados, salvo que no hubiese quien les supliera o casos excepcionales.

Concepció Ferrer i Casals, adjunta segunda del Defensor del Pueblo y en representación de la Defensora Soledad Becerril, responde a uno de los militares, que le planteó una queja por la situación actual que, "una vez estudiada su queja, y al comparecer ante esta Institución otros funcionarios militares también destinados en la Base Aérea de Gando, planteando cuestiones relativas a la reducción de jornada para atender a sus hijos menores de edad, se da por admitida, por considerar que reúne los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución y en la Ley Orgánica de 6 de abril de 1981, reguladora del Defensor del Pueblo".

Para ello, según anuncia en su respuesta la adjunta a Soledad Becerril, "se inician las actuaciones oportunas con carácter general ante el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire a efectos de conocer el alcance de la situación planteada".

El pasado lunes, un cabo tuvo que comparecer ante los servicios jurídicos del Mando Aéreo General de Canarias un cabo que tenía que recibir la orden de cumplir un arresto de un mes y un día por no haber podido cumplir un servicio, por tener que cuidar de sus hijos, lo que había comunicado previamente y de lo que después informó.

La sanción ha quedado en suspenso a raíz de un informe emitido por un psiquiatra militar, pero sigue vigente, a la espera de que prospere el recurso contra la misma presentado por su abogada, Ágora Rosales Merenciano.

En su misma situación están otros dos militares de Gando. La limitación de derechos para la conciliación de la vida laboral y familiar ya ha conllevado dos demandas ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria en dos de los tres casos, y en el del cabo mencionado, la abogada ha anunciado que su sanción disciplinaria, "que entendemos totalmente injusta", también llegará a los juzgados en caso de que el recurso presentado no prospere.