Además de esos 374 millones ya concedidos, hay otros 337 millones de euros en operaciones en estudio, según expuso en una comparecencia en comisión parlamentaria el viceconsejero de Turismo del Gobierno
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Además de esos 374 millones ya concedidos, hay otros 337 millones de euros en operaciones en estudio, según expuso en una comparecencia en comisión parlamentaria el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente Armas.
En total, son 500 operaciones de rehabilitación que han recibido créditos o están en proceso de estudio por parte de las entidades financieras en relación a este acuerdo con la banca.
Además, los empresarios canarios cuentan también con una línea de crédito de 200 millones de euros fruto de un acuerdo entre el Banco Europeo de Inversiones y entidades financieras de los que se han concedido ya 60 millones, explicó el viceconsejero.
Esta disposición de créditos se complementa con la estrategia canaria de mejora del espacio público turístico y con la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias para conseguir la modernización y competitividad del sector, expuso el viceconsejero.
Sobre la estrategia de mejora del espacio público turístico, Ricardo Fernández de la Puente Armas, recordó que en 2010 se firmó un convenio con el Estado por tres años de duración y con una inversión total de 122 millones de euros.
Sin embargo, aunque el Estado transfirió las anualidades de 2010 y 2011 por un total de 72 millones, en 2012 dejó la partida a cero unilateralmente, por lo que solamente se han podido terminar las obras que ya estaban empezadas y no se han comenzado nuevos proyectos que estaban programados.
Respecto a la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, el viceconsejero anunció que su desarrollo reglamentario se realizará en el plazo establecido, sin que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España vaya a ocasionar ningún retraso.
El recurso ante el Tribunal Constitucional únicamente paraliza cautelarmente las excepciones a las nuevas edificaciones, que según el texto legal solamente podían ser establecimientos de cinco estrellas, así que hasta que haya sentencia no podrá haber nuevas construcciones hoteleras que no provengan de la rehabilitación.
Por eso el recurso no supone ninguna parálisis del objetivo general de la ley de promover la rehabilitación, sino solamente de las excepciones para autorizar nuevos establecimientos.
El viceconsejero afirmó que la Ley no va contra los intereses de ninguna empresa ni de ninguna isla, y "por supuesto no va contra la Constitución ni contra las directivas europeas".
En opinión de Ricardo Fernández de la Puente Armas, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con su recurso, únicamente quería eliminar la excepción de nuevas edificaciones de cinco estrellas, y una vez conseguida la paralización cautelar de ese apartado, el resto de la Ley no le interesa.
La diputada del PP Aurora del Rosario, afirmó que ha sido el Gobierno de Canarias el que ha producido la paralización de la ley turística al no haber tenido en cuenta las particularidades de cada isla.
La Ley se hizo en contra de los intereses de Gran Canaria al impedir nuevos hoteles de cuatro estrellas, y por extensión en contra de los intereses de toda Canarias, dijo la diputada del PP.
También se hizo en contra de los intereses de todas las organizaciones empresariales turísticas, "excepto de una que tiene miedo al crecimiento de otra isla".
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