¿Y esto quién lo paga?

  El Tribunal Supremo acaba de anular el PGOU de 2000 de Las Palmas de Gran Canaria ya que el ayuntamiento calificó como suelo urbano los terrenos del antiguo canódromo de ciudad alta para construir dos edificios en vez de una zona recreativa, como pretendían los vecinos.

  En ese año Soria era el alcalde y Cardona, actual primer edil, concejal de Urbanismo. Estos políticos no han sido condenados por el alto tribunal porque éste no ha podido demostrar que haya habido desviación de poder.

  En este caso, al no poder demostrarse que haya habido corruptelas, el pato lo pagaremos todos, como siempre. Como ya ha ocurrido antes con otras obras ilegales, como la supercomisaría (menuda paradoja) y la biblioteca pública, en la capital grancanaria, o el centro comercial de La Mareta en Telde.

  Una vez hecha la fechoría, adelante con los faroles. Ya que estamos montados en el burro, ¡ale burro!. Cardona se apresuró a convocar una rueda de prensa para asegurar que la derrota judicial ha sido en realidad una victoria. Es lo que suelen hacer los políticos que no admiten perder cuando salen esquilmados de unas elecciones: buscan explicar lo inexplicable con una versión que nadie ve. Ni tan siquiera ellos mismos, aunque lo disimulen.

  Cardona ha dicho que Realia puede seguir construyendo y que aquí no pasa nada. Nadie rectifica ni pide perdón, lo cual sería un detalle. Si el político de turno mete la pata hasta el corvejón, no paga las consecuencias. Las consecuencias las pagamos los ciudadanos. Los políticos se la han tenido que envainar porque las torres erectas han devenido en flácidas. Y, mientras, ellos huyen con el rabo entre las piernas.

  Si finalmente, como ocurrió con la supercomisaría o se está negociando con la biblioteca, se llega a un acuerdo con los vecinos afectados para no derribar los edificios, la elevada indemnización no la paga el político infractor sino todos nosotros con nuestros impuestos. Y en las próximas elecciones los volveremos a votar. Así somos y así nos va.