Otra evidente inconstitucionalidad

Mucho se había especulado sobre la, a mi juicio, evidente inconstitucionalidad de la polémica Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias.  Y demasiado se ha tardado y, lo que es aún peor, se tardará en olvidar definitivamente esa ley que atenta contra la más elemental lógica de un mercado libre, la de disponer de aquella oferta que satisfaga en cada momento lo que solicita cada uno de los sectores en que se está constituida la demanda.

Esa ley nunca debió prosperar si se hubieran tenido en cuenta tan sólo los intereses del sector en las Islas y no las miserables luchas partidistas entre personas y personajes que viven del dinero público y la subvención, utilizando esta vez la falacia de la “calidad” y la presunta “sostenibilidad” de la esta industria según ellos quieren que la entiendan los profesionales. 

Por muy “alegantines” que sean el Gobierno de Canarias y los grupos que lo sustentan, CC y PSOE, (los que hablan mucho, por lo general de forma intrascendente o son murmuradores  y chismosos, según la Academia Canaria de la Lengua), haciéndose víctimas perseguidas por José Manuel Soria, olvidan que es el actual Ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España y tiene la obligación institucional de intervenir en este caso, en razón de su cargo, como también lo ha tenido que hacer en el asunto de las prospecciones. 

Bueno sería para los canarios en general, aunque tal vez no para la credibilidad de algunos políticos en particular, dejar que las aguas vuelvan a transcurrir por los cauces de los que nunca debieron desbordarse.  Sobre todo ahora que el Consejo de Estado se ha pronunció por unanimidad por la inconstitucional la ley turística salida del pacto CC-PSOE. 

Tan evidente les pareció que hasta María Teresa Fernández de la Vega, exvicepresidente del Gobierno, y Fernando Ledesma, exministro de Justicia (ambos del PSOE), lo han visto tan claro que no han podido encontrar un resquicio con el que perjudicar al PP, el de Madrid que el de aquí poco cuenta, para apoyar a José Miguel Pérez y no dejarlo con las posaderas al aire totalmente expuestas al céfiro helado que baja de las Cumbres.  De Paulino Rivero, mejor es no hablar, él toca su propia partitura nacionalista que Pérez baila y le palmea haciéndole coro.

Mientras tanto, a casi nadie le interesa hablar de lo realmente importante para el futuro turístico de Canarias.  Siendo el turismo el único negocio que siempre se compra en un sitio pero se consume en otro, la mejor forma de ahogarlo es permitir que burócratas y políticos desconocedores de los intríngulis de este sensible y voluble sector económico, dicten las condiciones por las que ha de desenvolverse, más allá de los mínimos de ordenación del territorio, infraestructuras comunes y algunos asuntos medioambientales. 

Como bien señalaba Ayn Rand en su libro La rebelión de Atlas (1957), “cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada,…entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada”.  O más claro aún, como ella misma añadía, “toda interferencia gubernamental en la economía consiste en conceder un beneficio no ganado, extraído por la fuerza, a algunos hombres a expensas de otros”.  Y en el Parlamento de Canarias, ¿no es eso lo que parecen legislar diariamente sus señorías con tanta abundancia de regulaciones canarias sobrepuestas a las regulaciones españolas?