Exigencias canarias proabortivas

Con la importancia que CC le está dando a consultar al pueblo sobre asuntos importantes, para el pacto CC-PSOE sólo parece serlo el petróleo, es de suponer que habrán consultado por lo menos a las bases de sus partidos antes de lanzarse a proponer en el Parlamento de Canarias azuzar al Ejecutivo de Paulino Rivero para que “exija” la retirada del anteproyecto de la reforma de la ley de aborto al Gobierno de España. 

Pero ya puestos en exigencias y en la línea de insumisión sobre diversos temas a la legalidad vigente y a las sentencias de los tribunales que vienen practicando otras autonomías, muy “autonosuyas” de hecho, también quieren que el Gobierno de Canarias se comprometa a asegurar que las interrupciones voluntarias del embarazo, forma eufemística de llamar al aborto libre por causas no médicas o espontáneas, se puedan realizar en la sanidad sanitaria pública sin más requisitos que la voluntad de la mujer.  No obstante, tal vez para que no se note mucho la demagogia al pedir que su propio gobierno se comprometa con lo que no puede comprometerse, añaden en la PNL que se haga siempre “dentro de sus competencias”.

De forma vergonzante, al estilo de los monólogos de Gila de tirar la piedra y esconder la mano, dicen que ellos (CC, PSOE y Grupo mixto) no lo proponen al pleno del Parlamento de Canarias como iniciativa propia de los grupos parlamentarios que son, sino a instancia de “colectivos” que les piden que canalicen sus inquietudes.  Es decir, grupos de presión más o menos etéreos, que les amenazan con no votarles y dejarles sin sueldo en las elecciones.

Las intervenciones en el pleno del Parlamento reflejaron, en mayor o menor medida, las dos grandes alternativas que plantean los legisladores favorables a la regulación del aborto: los que defienden una ley de plazos y los que prefieren una de supuestos.  En ninguna de las alternativas se plantea introducir la opinión del padre sobre el futuro del ser humano de cuya vida o muerte se está legislando, dejando la decisión sólo a la conciencia de la mujer.  Y también abandonando al niño que podría o no nacer, sin valedor ni abogado defensor.

Son dos posturas que debieran estar fundamentadas en profundos convencimientos éticos o morales de la sociedad y no en banderías u oportunismos de partidos políticos.  Ambas son defendibles y ambas son irreconciliables, por lo que es necesario alcanzar un acuerdo social y una legislación que lo regule.  Por eso parece ser pura demagogia electoralista que ahora proclame Rubalcaba, para defender su actual postura de mantener la ley de plazos promovida por Bibiana Aido, “o se está por la libertad, o no se está por la libertad”.  Por congruencia intelectual y en honor a la verdad, si es que eso en un político al uso fuera posible, debería entonces aceptar que su partido no estaba “por la libertad” cuando el gobierno socialista de Felipe González, con mayoría absoluta, aprobó una ley de supuestos en el año 1985.

Y hay también otro grupo de personas, difícil de cuantificar, que no acepta de ninguna manera el aborto libre.  Y no lo acepta por una variedad de razones morales, éticas o filosóficas, no siempre religiosas en general o cristianas en particular.  Conviene recordar que el asunto del aborto y del suicidio asistido, las más de las veces confundido con la eutanasia, ya es tratado desde la más remota antigüedad, bastante antes del nacimiento del Cristianismo.  Por ejemplo, en el código de Hammurabi, año 1728 a.C., o condenado expresamente en el Juramento Hipocrático que hacían los médicos ya desde el siglo V a.C.