Los extrahoteleros critican que la inversión mínima para aumentar las plazas suba un 50%

La Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas ha manifestado que está en contra de la Ley de Renovación y Modernización Turística, no tanto porque no deja construir hoteles de 4 estrellas, sino porque no protege la renovación, ya que la inversión mínima para aumentar plazas ha quedado finalmente incrementada un 50 por ciento.

El presidente de los extrahoteleros, Tom Smulders, se lo manifestó así al viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Fuente, en una reunión celebrada el viernes en la FEHT, en la que le comunicó que que compartía la filosofía de la ley, así como lo inadecuado de “muchos de sus planteamientos”, ya que “se corre el riesgo que el sector extrahotelero pueda caer entre el barco y el muelle”.

“Es inaceptable el que se incrementara, a pocos días de aprobarse la Ley en el Parlamento, el mínimo de inversión exigida a los establecimientos, cuya cifra experimentó un incremento de casi un cincuenta por ciento”, considera Smulders.

Además, se manifiesta “muy disconforme con el ratio inversión mínima por plaza de alojamiento”, ya que para el sector hubiera sido más justo establecerlo por unidad alojativa.

Plazas adicionales

Otro de sus críticas es “la imposibilidad material de poder hacer efectivo el incentivo en forma de plazas adicionales en la misma edificación, por los condicionantes legales existentes, que impiden incrementar la edificabilidad como sería necesario y la estricta aplicación de los estándares de densidad, lo que supondrá tener que recurrir al registro de camas, para poder vender los derechos adquiridos por la renovación”.

Los extrahoteleros piden por ello un replanteamiento del régimen de incentivos, de forma que sean viables y atractivos, y que tengan en cuenta la actual estructura de la propiedad del sector extrahotelero, además de suprimir las trabas que en estos momentos impiden el incremento de categoría de los establecimiento al priorizar aspectos que consideran secundarios.

Asimismo, están en contra la exigencia de que los informes técnicos deban ser formalizados por entidades registradas y de la posibilidad de que las empresas tengan capacidad de elección.

Finalmente, demandan “un mejor trato a su sector, que no ha podido beneficiarse de instrumentos como la RIC”, en el que echan en falta “un trato específico incentivado para aquellos establecimientos que se renovaron a costa de buscar su propia financiación”, además de “una mayor sensibilidad de las administraciones públicas para la renovación y rehabilitación de las infraestructuras públicas de las zonas turísticas, sin lo cual la renovación en el ámbito privado no habrá servido de nada”.