El Consejo de Gobierno ha decidido remitir al Consejo Consultivo de Canarias el anteproyecto de ley de Armonización y Simplificación en Materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales
El Gobierno canario pretende agilizar los procedimientos de
formulación y aprobación de los instrumentos de planeamiento
territorial, ambiental y urbanístico.
Para ello, el Consejo de Gobierno ha decidido remitir al Consejo Consultivo de Canarias el anteproyecto de ley de Armonización y Simplificación en Materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, según ha informado hoy el portavoz gubernamental Martín Marrero.
Marrero ha asegurado que con esta iniciativa legislativa, el Ejecutivo pretende que haya una mayor rapidez en la toma de decisiones, algo que requiere de mayor agilidad en la tramitación y en la resolución de los procedimientos administrativos.
El portavoz ha destacado que se trata de un anteproyecto de ley que persigue lograr una mayor celeridad administrativa, siempre sin descuidar la protección del medio ambiente y la disciplina urbanística.
"Todo ello debe permitir actuar en plazos razonables y previsibles, favoreciendo la confianza de los agentes económicos en la estabilidad de sus inversiones en el sector inmobiliario", ha aseverado.
Marrero ha recordado que recientemente se ha aprobado la ley estatal básica de evaluación ambiental, lo que hace que el Gobierno canario tenga la necesidad de adaptar el ordenamiento normativo en materia de territorio y medio ambiente a esta nueva legislación.
Para ello, el Consejo de Gobierno ha decidido remitir al Consejo Consultivo de Canarias el anteproyecto de ley de Armonización y Simplificación en Materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, según ha informado hoy el portavoz gubernamental Martín Marrero.
Marrero ha asegurado que con esta iniciativa legislativa, el Ejecutivo pretende que haya una mayor rapidez en la toma de decisiones, algo que requiere de mayor agilidad en la tramitación y en la resolución de los procedimientos administrativos.
El portavoz ha destacado que se trata de un anteproyecto de ley que persigue lograr una mayor celeridad administrativa, siempre sin descuidar la protección del medio ambiente y la disciplina urbanística.
"Todo ello debe permitir actuar en plazos razonables y previsibles, favoreciendo la confianza de los agentes económicos en la estabilidad de sus inversiones en el sector inmobiliario", ha aseverado.
Marrero ha recordado que recientemente se ha aprobado la ley estatal básica de evaluación ambiental, lo que hace que el Gobierno canario tenga la necesidad de adaptar el ordenamiento normativo en materia de territorio y medio ambiente a esta nueva legislación.
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