Año nuevo, proyectos nuevos

Eso al menos esperamos todos los ciudadanos que pertenecemos a la masa popular y no a la élites del poder, de la política, del dinero y del famoseo, aunque éste último sea por cuestiones baladíes y, a veces, estúpidas. Los primeros tienen garantizado el sustento y, la mayoría, no padecen el ningún tipo de crisis. Éstas son para los asalariados, que han experimentado reducciones de todo tipo y un control riguroso, de forma que no pueden escapar a las garras de Hacienda (que en este país no somos todos, aunque se diga lo contrario)  y para aquellos que se han quedado sin trabajo, teniendo detrás una familia numerosa o a los que tienen que recurrir a lo que se denomina economía sumergida que aquí, en Canarias, sostiene a nada menos que a 60.000 familias, según se ha calculado. O a los que sobreviven gracias a la caridad.

Ya que hablamos de controles, supongo que entre los buenos deseos de este gobierno  para el nuevo año  figura ejercer un control exhaustivo en la función de los políticos que trabajan en cualquier organismo de las administraciones públicas; en los sindicatos, donde algunos se han pasado de rosca, en la Justicia, en la que parece que hay una especial para los privilegiados y otra para el ciudadano de a pie. ¡Ah! También habrá que regular y controlar las actividades de la monarquía y de quienes la componen, porque últimamente se ha producido un gran desafecto hacia ella y ya nadie cree unas palabras dirigidas al pueblo en fechas tan memorables como es la Navidad y el Año nuevo. Nos hablan de transparencia y responsabilidad, pero debe ser para todos, sin excepción. Realmente, esta monarquía no da pie con bola y no es nada ejemplar. Su desprestigio está servido.

Por otro lado, es preocupante que no exista una reacción inmediata por parte de los partidos políticos cuando en su seno surge algún garbanzo negro y se permiten tejemanejes o casos de corrupción. La reacción lógica, en los países serios y fuertes principios democráticos, es la dimisión voluntaria del “presunto” o su expulsión, si se resiste a hacerlo.

Pero también preocupa que en un estado de derecho, la Justicia sea tan lenta y, en ocasiones, partidista,  que no se aplique la ley de forma equitativa, que se demore ocho, diez, doce años para finalizar un proceso o  dar a conocer una sentencia en casos graves de saqueos, prevaricaciones, etc. O, sencillamente,  que se apliquen tan fácilmente los indultos y amnistías, que es lo que esperan muchos que han sido sentenciados y cumplen penas.

Pero lo que más llama la atención es que buena parte de nuestro pueblo no reacciona como es debido,  cuando ve que quienes les dirigen son poco transparentes y cometen delitos punibles.  Muchos se indignan, acuden  a manifestarse, o muestran su contrariedad en tertulias o en las conversaciones de en los bares y mercados. Pero luego, llega la hora de votar y ya alguien se encarga de lavarles el cerebro con una sutil demagogia, con promesas y con  buenos propósitos. Evidentemente, la corrupción no es motivo para dejarles de votar, y vuelven a elegir a lo mismos o a otros de su misma ralea. No hay castigo, como si no hubiese ocurrido nada.

Es una demostración del masoquismo popular.