Seguridad y democracia

            En un corto espacio de tiempo el Gobierno del PP ha puesto sobre la mesa dos leyes sobre seguridad ciudadana que inciden peligrosamente en la seguridad y la libertad. Se confirma así la deriva preocupante de un modelo regresivo que profundiza en la tentación totalitaria y privatizadora atacando directamente a las libertades públicas, la seguridad y los derechos humanos y sociales más básicos. Se garantiza así la represión, como se reconoce en los textos elaborados, de una  potencial movilización de los hombres y mujeres de este país ante el hartazgo social al que nos ha llevado una política que genera cada vez más paro, pobreza y recortes de derechos, frente a la reafirmación económica y de poder de las élites. 

            Ya ni siquiera recurren al argumento de siempre de que se actúa movido por la economía y porque “es lo que hay que hacer” para cumplir con los mandatos de la troika. Se trata de una propuesta ideológica neoliberal que pretende acallar a las masas desde la represión y la privatización. Como apunta el catedrático de Derecho de Georgetown, Norman Birnbaum, “el nuevo capitalismo da prioridad al mercado y transfiere al sector privado funciones de Gobierno”.

            Como primera medida, el Gobierno de Mariano Rajoy se saca de la manga una Ley de Seguridad Ciudadana que nos retrotrae a lo peores momentos del control del orden público del franquismo. Se pone en marcha una “ley mordaza” en la que se limitan y se sancionan con cuantiosas multas las movilizaciones sociales; se coartan las concentraciones frente al Congreso, los apoyos a los desahuciados, las manifestaciones espontáneas…; se castigan  los confusos insultos a España y a las comunidades; se disminuyen las competencias de sanciones y control del Poder Judicial para ponerlas  en manos del ministerio del Interior; se impide grabar las actuaciones de  los policías y se garantiza la certeza de la palabra de un servidor del orden público frente al derecho a la prueba del ciudadano. Se restringen las libertades y se desprotege a la ciudadanía con total impunidad. Se abrazan las tesis más retrógradas de anteponer la injusticia al desorden…Y se termina comprando, para disolver manifestaciones, un cañón de agua  de medio millón de euros que no se usa desde hace veinte años y que puede producir mucho daño, dependiendo de las distancias a la que se emplee. Lo describe perfectamente el profesor  de Antropología Social de la Universidad de Córdoba, José María Manjavacas: “De todo lo que hemos vivido en la democracia, salvando la entrada de Tejero en el Congreso en 1981 y ciertos movimientos militares similares, este es el golpe –sin tanques- más directo contra la precaria democracia que vivimos. Esta ley no es para la seguridad, es para la contención de una ciudadanía indignada. Para conseguir seguridad ciudadana lo que hay que hacer es garantizar los servicios: la educación, la sanidad pública. Este proyecto de ley es solo para garantizar la seguridad de unas élites que están preocupadas porque un sector ha dicho basta y se está organizando”.

            Pero esto les parece poco. Pronto suman a la represión la privatización de la seguridad pública. La sustitución de los servicios y los servidores públicos por la iniciativa privada pura y dura. Y se sacan de la manga una Ley para la Seguridad Privada por la que los vigilantes de las empresas de seguridad podrán –frente a las competencias actuales de vigilar las instalaciones y escoltar a personas- patrullar por las calles y cachear, identificar y detener en la vía pública a los ciudadanos. Se trata de sustituir a las fuerzas de orden público, en las que se han invertido muchos millones de euros para su formación democrática y que pasan por el filtro de dos años de formación, por un colectivo sin la preparación adecuada. Como acaba de afirmar el propio ministro, el objetivo es que las empresas privadas tengan más negocio. Cada año el Estado pierde 2.500 agentes que serán sustituidos poco a poco por vigilantes privados: de hecho, el Gobierno ha decidido poner en marcha un plan para sustituir a la Policía y a la Guardia Civil en la vigilancia de los perímetros exteriores de las cárceles y en el control de sus cámaras de seguridad, lo que costará el doble a las arcas públicas. Se permite así que muchas empresas que prestaban servicios de escoltas en el País Vasco mantengan su volumen de negocio. Se favorece que tengan más seguridad aquellos que se la puedan pagar y que el Estado haga dejación de su obligación de garantizar la universalidad de la seguridad ciudadana. Por cierto, al inicio del “caso Bárcenas”, El Mundo nos informaba acerca de los sobresueldos en negro durante dos años a parte de la cúpula del PP y apuntaba que esas cantidades de dinero procederían  por un lado “del pago de comisiones por parte de constructoras tras recibir contratos públicos a cambio de adjudicarles obras en numerosas sedes que el PP tiene a lo largo y ancho de la geografía nacional”, y por otro a través “de las compañías de seguridad que trabajaban para el PP o para administraciones públicas que controlaba la formación de centro derecha”.

            Puede suceder que a partir de ahora a usted y a mi nos cachee o detenga un agente de  Levantina de Seguridad, una empresa propiedad de José Luis Roberto, fundador del partido ultraderechista España 2000 y ex secretario general de  ANELA, la patronal de los prostíbulos. Esta empresa – que emplea solo en la matriz a más de 1.000 trabajadores- ha sido denunciada, según El País, por obligar a trabajadores a afiliarse a organizaciones fascistas y se ha visto envuelta en procesos por maltrato a menores en la comunidad de Madrid. O que lo hagan los de PROSEGUR, que han sido denunciados por agresiones en el metro de Madrid y que pertenecen a una empresa cuyos orígenes se remontan a personajes relacionados  con la dictadura argentina. O los de ESABE, que ha defraudado ingente cantidades de dinero a la Seguridad Social y que ha sido acusada de pagar cuantiosas comisiones a cambio de contratos públicos. O los de EULEN donde los Mayor Oreja y otras gentes del PP han tenido importante presencia. O los de Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la U.D. Las Palmas, condenado por un delito medioambiental a tres años de prisión e indultado por el PP, después de que aparecieran su nombre y sus empresas en la lista de financiadores del partido conservador. Hoy disfruta además de adjudicaciones de Aeropuertos Nacionales y del Metro de Madrid…

            He citado en repetidas ocasiones a Zygmunt Bauman. No me canso de hacerlo. Afirma que  en la sociedad, la conquista de libertades nos lleva a una gran cantidad de riesgos e incertidumbres, y a desear la seguridad. “Nuestros abuelos lucharon con valentía por la libertad. Nosotros parecemos cada vez más preocupados por nuestra seguridad personal…todo indica que estamos dispuestos a entregar parte de la libertad que tanto costó a cambio de mayor seguridad”. Y a veces no medimos el precio. John Kampfner (Libertad en venta ¿Porqué vendemos democracia a cambio de seguridad? Ariel) nos detalla las continuas limitaciones a la libertad, con la excusa de la seguridad y las consecuencias en forma de una progresiva degradación y pérdida de la libertad y la democracia. Terry Davis, secretario general del Consejo de Europa sostiene que es posible conciliar seguridad con los derechos civiles y la libertad si se descartan las medidas arbitrarias por parte de los estados. Pero no parece ser este el caso.

            Estamos ante una manipulación por parte del PP de la necesidad de seguridad como coartada para despojarnos de nuestras garantías constitucionales de derechos y libertades (artículo 17 de nuestra Constitución: “Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”…). Para retrotraernos a épocas pasadas. Para seguir imponiéndonos un modelo neoliberal de minimización del Estado. Para someter al espacio público y a sus moradores.  En nuestras manos está el aceptarlo sumisamente o no. Ya lo dijo Benjamín Franklin: “El que está dispuesto a sacrificar libertad a cambio de seguridad no tiene ni merece ninguna de las dos”.