Así lo ha solicitado el consejero canario de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, en su intervención ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas en la Cámara Alta
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Canarias ha pedido al Senado que se reconozca "un
trato singularizado" para sus municipios y cabildos en el proyecto de
ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, de
forma que establezca "un régimen especial" para esta comunidad.Así lo ha solicitado el consejero canario de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, en su intervención ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas en la Cámara Alta, a la que ha acudido para exponer el criterio de Canarias respecto a este proyecto de ley, en pleno debate en el Senado.
"Queremos que el reparto competencial entre cabildos, ayuntamientos y Gobierno autonómico se decida en una ley territorial canaria", ha manifestado el consejero, según ha informado su departamento en un comunicado.
Hernández Spínola ha defendido que la geografía, la demografía, la economía y el medioambiente en Canarias son totalmente diferentes al territorio peninsular y ha afirmado que aunque "la diversidad en este país es elevada, respecto a Canarias es aún mayor".
Para el consejero, la gran diferencia que existe entre Canarias y las demás comunidades autónomas justifica que exista en la actualidad un marco político e institucional distinto en el archipiélago al del resto de autonomías.
La existencia de los cabildos insulares, con una normativa y marco competencial diferente al que regula las diputaciones provinciales, hace que la organización político institucional en Canarias se diferencie de forma notable, ha referido.
Por ello, el Gobierno de Canarias considera que la Ley de Racionalización y Modernización de la Administración Local debe contemplar esta particularidad, ha dicho Hernández Spínola.
El consejero también ha cuestionado "la afección que prevé el proyecto de ley a las competencias autonómicas, al obligar a asumir a la comunidad autónoma materias como servicios sociales, y algunas en el ámbito de educación, como la referida a la asunción de la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y la cooperación con la administración educativa para la obtención de suelos para la construcción de nuevos centros, que hasta ahora son titularidad de los municipios e islas".
Para el Gobierno de Canarias, tal y como están planteadas en el proyecto de ley, "carecen de racionalidad y afectan negativamente, además de que lesionan la autonomía de las comunidades autónomas.
"Se trata de un proceso que generará costes y despilfarro de recursos públicos, básicamente con los traspasos de medios materiales y personales de ida y vuelta, amén de lo ineludibles conflictos entre las administraciones implicadas en el proceso", ha advertido el consejero.
Hernández Spínola ha afirmado que este proyecto de ley "supone un ataque sin precedentes al mundo local, al despojar a los ayuntamientos de sus competencias y desmantelar y privatizar los servicios públicos municipales".
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