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prospecciones

El Gobierno canario dice que Repsol "no puede saltarse el estado de derecho"

EFE
Jueves, 14 de Noviembre de 2013
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El vicepresidente autonómico ha insistido en que antes de hablar de la puesta en marcha de las prospecciones hay que esperar a que se conteste a las alegaciones

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez (PSOE), ha advertido hoy a Repsol de que "no puede saltarse el estado de derecho", ante su anuncio de que espera empezar sus prospecciones petrolíferas en mayo, y le ha pedido esperar a que se decida si pueden hacerse.

"Hay que ser respetuosos con los tiempos en un estado de derecho", ha declarado Pérez, al preguntársele por las palabras del presidente de Repsol, Antonio Brufau, sobre que la compañía está lista para empezar a perforar en aguas cercanas a Canarias en busca de hidrocarburos en mayo de 2014.

El vicepresidente autonómico ha insistido en que antes de hablar de la puesta en marcha de las prospecciones hay que esperar a que se conteste a las alegaciones que tanto el propio Gobierno de Canarias como otras administraciones y organizaciones y particulares de las islas han presentado contra el estudio de impacto ambiental que la petrolera ha presentado en su favor.

Respecto a esas alegaciones, que ha subrayado que son "centenares y centenares", Pérez ha dicho que, en primer lugar, los responsables del Gobierno de España "deben dar respuesta cumplida, y ser rigurosos, y, a partir de ahí, las decisiones, lógicamente, se adoptarán como sea, pero es bueno que los tiempos se respeten".

"Y a mí me gustaría conocer la respuesta que se da, porque sí vi la tendencia a dar a entender que todo esto es un paripé", ha apostillado, en alusión a una actitud del Gobierno del PP.

El también líder de los socialistas canarios ha apuntado que el comportamiento del Ejecutivo central parece más favorable a los intereses de Repsol que a los generales del país y sus ciudadanos.

Desde ese parecer, José Miguel Pérez ha rechazado las palabras de Antonio Brufau, al que ha advertido de que "una empresa privada no puede saltarse el estado de derecho, ni ella ni nadie, por muy poderosa que sea". 
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