Para evaluar previamente sus efectos sobre las microempresas y las pymes canarias
Las leyes y disposiciones generales que sean competencia del
Parlamento de Canarias deberán incorporar un "informe de impacto
empresarial" para evaluar previamente sus efectos sobre las
microempresas y las pymes canarias, según han propuesto los grupos
nacionalista y socialista en una iniciativa legislativa que aún debe
tramitar la cámara regional para su entrada en vigor.
La denominada "proposición de ley de fomento al emprendimiento y apoyo al trabajo autónomo, las microempresas, pequeñas y medianas empresas y las entidades de economía social en la Comunidad Autónoma de Canarias" fue tomada en consideración en el pleno del Parlamento con los votos de los grupos proponentes más los de Nueva Canarias, mientras que el PP votó en contra al considerar mejor su propia propuesta legislativa, denominada proposición de ley del trabajo autónomo.
El promotor de esta proposición de ley, el diputado del grupo nacionalista Ignacio González, defendió que las leyes incorporen un "informe de impacto empresarial", que elaboraría el Servicio Canario de Defensa de la Competencia, como medida para evitar que siga aumentando la burocracia que limita la capacidad de los jóvenes canarios para convertirse en emprendedores.
También los proyectos de ley que remita el Gobierno de canarias al Parlamento deberán incorporar ese informe de impacto empresarial, así como, en su caso, los proyectos de decretos legislativos y los proyectos de reglamento de ejecución de leyes autonómicas, de desarrollo de normas básicas del Estado y de la unión Europea.
Ese informe preceptivo deberá aclarar si los proyectos de ley o las leyes del Parlamento de Canarias distorsionan las condiciones de competencia del mercado o si afectan negativamente a las microempresas y pymes "y al interés público general", de acuerdo con el texto propuesto.
Además de este informe, la proposición de ley crea un nuevo órgano, denominado Consejo de Apoyo al Emprendimiento y a las Micropempresas, Pequeñas y Medianas Empresas canarias, formado por 41 miembros en representación del Gobierno de canarias 8siete), los cabildos (siete), los ayuntamientos (siete), las organizaciones empresariales (nueve), los sindicatos (ocho) y los trabajadores autónomos (uno).
Las funciones de ese consejo serán proponer mejoras en las políticas de apoyo al emprendimiento y a las microempresas y pymes y plantear simplificaciones administrativas, entre otras.
El diputado del grupo nacionalista Ignacio González defendió esta iniciativa como necesaria para adoptar medidas a corto plazo para promover la creación de empresas, pero también a medio y largo plazo mediante el fomento del espíritu emprendedor.
Al respecto, destacó las previsiones de la proposición de ley para introducir en los currículos de todos los ciclos educativos contenidos empresariales que fomenten el espíritu emprendedor, así como para dotar a los alumnos de las capacidades y conocimientos necesarios para crear una empresa.
González destacó también las previsiones para mejorar la financiación de las pequeñas empresas mediante la creación de un registro de inversores privados y los incentivos fiscales a la participación en empresas de nueva creación.
José Ignacio Álvaro Lavandera, del PSOE, afirmó que esta nueva norma contribuye a promover la actividad empresarial y el crecimiento económico mediante la reducción de cargas administrativas y la promoción del concepto de declaración responsable en los procedimientos administrativos.
También se ataca uno de los problemas de las pequeñas empresas, la morosidad del sector público, al obligar al pago de las deudas a las microempresas en los 25 días siguientes a la realización del trabajo contratado.
Además, quiere facilitar el acceso de las pequeñas empresas a los concursos públicos al establecer que las administraciones canarias contratarán en lotes "lo más pequeños posibles", según el texto.
Felipe Afonso El jaber, del PP, mostró su rechazo a esta iniciativa porque al margen de las buenas intenciones, a su juicio "está desenfocada" y pone aún más obstáculos e intervencionismo a los trabajadores autónomos, con la obligación de nuevos informes y la creación de nuevos órganos.
Propuso al resto de los grupos trabajar a partir de la propuesta de su partido, limitada a promover el desarrollo del trabajo autónomo, porque los problemas de estos tienen poco que ver con el de empresas de hasta 250 trabajadores.
"Es un texto poco madurado, aunque estamos de acuerdo en que hay que hacer muchos cambios en la política de empleo y en el sistema educativo para fomentar el autoempleo", dijo el representante del PP, que se mostró partidario de una normativa más concreta y centrada en trabajador autónomo.
La diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández apoyó la iniciativa por la necesidad de fomentar el espíritu emprendedor, pero consideró que la iniciativa requerirá cambios en el trámite parlamentario.
Entre otras cuestiones, se deberá recabar la participación de las entidades empresariales y los trabajadores autónomos en su tramitación, defendió la representante de Nueva Canarias.
Además, criticó que se nombra en el título de la proposición de ley a las entidades de economía social (cooperativas) pero luego no aparecen en ninguna parte más del texto.
La denominada "proposición de ley de fomento al emprendimiento y apoyo al trabajo autónomo, las microempresas, pequeñas y medianas empresas y las entidades de economía social en la Comunidad Autónoma de Canarias" fue tomada en consideración en el pleno del Parlamento con los votos de los grupos proponentes más los de Nueva Canarias, mientras que el PP votó en contra al considerar mejor su propia propuesta legislativa, denominada proposición de ley del trabajo autónomo.
El promotor de esta proposición de ley, el diputado del grupo nacionalista Ignacio González, defendió que las leyes incorporen un "informe de impacto empresarial", que elaboraría el Servicio Canario de Defensa de la Competencia, como medida para evitar que siga aumentando la burocracia que limita la capacidad de los jóvenes canarios para convertirse en emprendedores.
También los proyectos de ley que remita el Gobierno de canarias al Parlamento deberán incorporar ese informe de impacto empresarial, así como, en su caso, los proyectos de decretos legislativos y los proyectos de reglamento de ejecución de leyes autonómicas, de desarrollo de normas básicas del Estado y de la unión Europea.
Ese informe preceptivo deberá aclarar si los proyectos de ley o las leyes del Parlamento de Canarias distorsionan las condiciones de competencia del mercado o si afectan negativamente a las microempresas y pymes "y al interés público general", de acuerdo con el texto propuesto.
Además de este informe, la proposición de ley crea un nuevo órgano, denominado Consejo de Apoyo al Emprendimiento y a las Micropempresas, Pequeñas y Medianas Empresas canarias, formado por 41 miembros en representación del Gobierno de canarias 8siete), los cabildos (siete), los ayuntamientos (siete), las organizaciones empresariales (nueve), los sindicatos (ocho) y los trabajadores autónomos (uno).
Las funciones de ese consejo serán proponer mejoras en las políticas de apoyo al emprendimiento y a las microempresas y pymes y plantear simplificaciones administrativas, entre otras.
El diputado del grupo nacionalista Ignacio González defendió esta iniciativa como necesaria para adoptar medidas a corto plazo para promover la creación de empresas, pero también a medio y largo plazo mediante el fomento del espíritu emprendedor.
Al respecto, destacó las previsiones de la proposición de ley para introducir en los currículos de todos los ciclos educativos contenidos empresariales que fomenten el espíritu emprendedor, así como para dotar a los alumnos de las capacidades y conocimientos necesarios para crear una empresa.
González destacó también las previsiones para mejorar la financiación de las pequeñas empresas mediante la creación de un registro de inversores privados y los incentivos fiscales a la participación en empresas de nueva creación.
José Ignacio Álvaro Lavandera, del PSOE, afirmó que esta nueva norma contribuye a promover la actividad empresarial y el crecimiento económico mediante la reducción de cargas administrativas y la promoción del concepto de declaración responsable en los procedimientos administrativos.
También se ataca uno de los problemas de las pequeñas empresas, la morosidad del sector público, al obligar al pago de las deudas a las microempresas en los 25 días siguientes a la realización del trabajo contratado.
Además, quiere facilitar el acceso de las pequeñas empresas a los concursos públicos al establecer que las administraciones canarias contratarán en lotes "lo más pequeños posibles", según el texto.
Felipe Afonso El jaber, del PP, mostró su rechazo a esta iniciativa porque al margen de las buenas intenciones, a su juicio "está desenfocada" y pone aún más obstáculos e intervencionismo a los trabajadores autónomos, con la obligación de nuevos informes y la creación de nuevos órganos.
Propuso al resto de los grupos trabajar a partir de la propuesta de su partido, limitada a promover el desarrollo del trabajo autónomo, porque los problemas de estos tienen poco que ver con el de empresas de hasta 250 trabajadores.
"Es un texto poco madurado, aunque estamos de acuerdo en que hay que hacer muchos cambios en la política de empleo y en el sistema educativo para fomentar el autoempleo", dijo el representante del PP, que se mostró partidario de una normativa más concreta y centrada en trabajador autónomo.
La diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández apoyó la iniciativa por la necesidad de fomentar el espíritu emprendedor, pero consideró que la iniciativa requerirá cambios en el trámite parlamentario.
Entre otras cuestiones, se deberá recabar la participación de las entidades empresariales y los trabajadores autónomos en su tramitación, defendió la representante de Nueva Canarias.
Además, criticó que se nombra en el título de la proposición de ley a las entidades de economía social (cooperativas) pero luego no aparecen en ninguna parte más del texto.
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