Mal ambiente

Cada vez que ocurre un incendio en los montes o en los bosques de las islas, salen a relucir los viejos demonios de la desidia insular. Se airean las improvisaciones, muchos de ponen a llorar porque se consideran impotentes, al no disponer de los suficientes medios para luchar contra estas desgracias que, poco a poco, deterioran nuestro paisaje, lo empobrece, lo desertiza, y, al mismo, tiempo, aburren a los que siguen prefiriendo la vida rural.

Se olvida, casi siempre, de algo tan fundamental como es la previsión que contribuye a evitar o sucedan tales infortunios. La mayoría de la población de Canarias ignora que, a estas alturas, no tenemos siquiera una Ley Canaria de Montes que aquilate nuestras singularidades. Ello provoca la aplicación de normas,  ya superadas  técnica y científicamente y que se intentan perpetuar en el tiempo, a través de la imposición de un régimen sancionador impostado: cortar, podar, arrancar especies pirófilas y auténticas plagas para los cultivos como son las zarzas, los escobones o las cañas... se sancionan, en Canarias, de igual manera que cortar, podar, arrancar una especie en peligro de extinción o especies vulnerables o sensibles a la alteración de su hábitat, o especies en régimen de protección especial.

Semejante atropello jurídico, crea un desafecto en la población, impotente ante la imposición de sanciones por la corta de especies (zarzas,cañas, escobones, helechos) ligadas a prácticas agrícolas consuetudinarias y que tanto bien generan a la naturaleza.

Por lo tanto, la aplicación de normas caducas y trasnochadas, por parte de los Cabildos insulares, con la complicidad del mismo gobierno autónomo, son las qellevan a situaciones de auténtico desasosiego social. Las corporaciones insulares aplican todavía la Orden Departamental de 20 de febrero de 1991 y, en virtud del cual, se puede sancionar a un ciudadano por cortar  sin autorización administrativa las nocivas especies mencionadas anteriormente.

También deberían saber los lectores que usted quiere talar, o podar una especie arbórea, como,  por ejemplo, un castañero, igualmente necesitaría autorización administrativa, incluso cuando  su finca no se encuentre en un Espacio Natural Protegido, ni en la Red Natura 2000. Algo realmente absurdo.

La corta y arranque de especies como las ya citadas, puede acarrearle multas de 5.000, 10.000, 15.000 euros, aun cuando ninguna de ellas se encuentren incluídas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, ni en el Catálogo Canario de Especies Protegidas. Dicho de otro modo: en nuestro territorio insular, cortar una especie como la zarza, la caña o el escobón, se castiga y se sanciona igual que arrancar una especie en peligro de extinción o vulnerable. ¿Alguien puede explicar esto a la población, a esa misma gente que ve arder su casa, sus frutales, sus instalaciones, cuando sus abuelos y padres cortaban esas plantas para así mantener limpio sus tierras de cultivo y salvarse un posible incendio?

No deja de ser curioso que el Cabildo Insular de Gran Canaria edite folletos informativos titulados “Protégete contra los incendios en viviendas de zona rural-forestal” donde aconseja y promueve que revises, podes, aisles y  cultives, como medida de protección contra el fuego, a la vez que informa a la población que puede cortar, sin autorización, especies altamente inflamables, plagas para los cultivos, tales como el escobón, zarzas, cañas, helechos.... O sea, que con una mano, el Cabildo de esta isla, le dice a sus ciudadanos que puede cortar, sin autorización administrativa determinadas especies pirófilas y constitutivas de plagas, y, con la otra, le impone multas cuantiosas por cortar precisamente esas especies sin autorización administrativa.

Sinceramente, la población está desprotegida y urge que la Fiscalía de Delitos Medioambientales intervenga, para averiguar que está sucediendo con la aplicación de la Orden de 20 de febrero de 1991.Ya explicaré en otra ocasión cómo se aplica esa normativa.

Tenemos los barrancos cubiertos de cañaverales y zarzales, de muy fácil combustión (aparte de que esos lugares se utilizan también para arrojar escombros, degenerando el paisaje). Otro defecto que se observa diariamente es que no se limpian  con la asiduidad debida las cunetas, laderas y otros espacios donde se acumulan la pinocha, zarzales y todo tipo de malezas, que ante cualquier descuido o la acción de pirómanos, pueden causar un incendio tanto en los pastizales como en los bosques. La limpieza durante todo el año, pero, especialmente, en la época de verano o de altas temperaturas, que es cuando la pinocha se convierte  en un auténtico reguero de pólvora. Además, nuestros bosques necesitan cortafuegos y otros elementos de prevención.

Para el mundo rural, forestal o simplemente dedicado a la conservación de nuestras costas, playas, paisajes no existe una verdadera Consejería de Medio Ambiente sino más bien de Mal Ambiente. Una política medioambiental cómplice y respetuosa con los derechos de la población es un ariete que habría evitado tantos disparates que contemplamos a lo largo y ancho de nuestra geografía insular,: construcción en laderas, en barrancos, en acantilados, casos y barrios enteros construidos sin planificación, sin ordenación territorial; costas, que son de dominio público,  convertidas en dominio particular, con la anuencia de autoridades. Todo, a estilo compadre.

Se plantea, además, la escasa conciencia ecológica y medioambiental existente, tanto en buena parte de la población, como en los que disponen de alguna parcela de poder y podrían haber evitado tanto desatino. Tampoco veo muy eficaces a colectivos que se llaman “ecologistas”, cuya oposición es más bien testimonial que efectiva.

Un detenido pateo por nuestros caminos, pueblos y espacios naturales  nos darán una idea de cómo se ha actuado y se sigue actuando aquí, y de cuánto disparate se comete. Lo peor es tampoco ocurre nada. El pasotismo a veces, nos lleva a cuestionar a qué clase de personas les hemos dado poder para que gobiernen nuestras instituciones. Mientras, siguen sancionando a la población, pues se la ve como una intrusa dentro de la política medioambiental. De ahí, los llantos de impotencia cada vez que hay un incendio forestal.