Por una sociedad inclusiva

El inusitado problema administrativo en el que se encuentra el gobierno federal de EEUU ejemplifica el rotundo fracaso de las concepciones políticas y económicas aún hegemónicas en el conjunto de los países. La Administración estadounidense se ve abocada a una parálisis institucional y a la quiebra financiera por la férrea oposición de los congresistas republicanos ante la pretensión del gobierno de dotar de medidas de protección sanitaria para la población excluida del país. La tímida reforma social del ejecutivo demócrata se ha encontrado con la cerrada actitud de los congresistas conservadores, los cuales, están dispuestos a llevar a la primera potencia mundial a un colapso institucional generalizado. Y es que las políticas que se practican en la generalidad de los Estados del mundo continúan centradas en salvaguardar los intereses de los más poderosos, a costa de las condiciones de vida digna para los desposeídos. Hasta los tímidos Objetivos del Milenio patrocinados por la ONU, de lucha contra las lacras que asolan a la humanidad, se supeditan al mantenimiento de ese estatus.

Estas antisociales prácticas institucionales son coherentes con los procedimientos que caracterizan al sistema económico prevalente, el capitalismo, una ideología que pretende asegurar las necesidades materiales de las sociedades privatizando los recursos, los medios y los excedentes de producción y eludiendo cualquier finalidad solidaria. Todo lo cual, es, en el mejor de los casos, una completa quimera. La mayor prueba de ello es que, hoy en día, nos encontramos en la paradójica situación histórica de que los ricos del mundo son más y más acaudalados que nunca, mientras que los empobrecidos crecen sin freno, ni tino, como jamás. Millones y millones de seres humanos, y sus familias, llevan sórdidas existencias excluidos de todo confort y apartados de toda posibilidad de “ganarse la vida”, a beneficio de las embrutecidas y opulentas élites.

Se impone una globalización alternativa, la del humanitarismo, caracterizada por la extensión universal del respeto y el cuidado entre la especie. Es preciso que cada sociedad sea inclusiva, que ninguno de sus miembros quede excluido de la coparticipación en los afanes y los logros para una supervivencia digna. Y es ineludible que, en todo ámbito local, las comunidades se articulen en torno a la solidaridad, asumiendo como primer objetivo y ocupación la erradicación, en sus espacios, de la precariedad democrática y económica. Y condición para todo ello es la sostenibilidad ecológica. Solo así podremos asegurar el porvenir de las nuevas generaciones.

Pero la profunda inmoralidad de quienes detentan los poderes fácticos aún está auspiciada por la escandalosa irresponsabilidad de quienes controlan las instituciones de servicio público. Hasta llegar al esperpento de que, mientras la indefensión y la indigencia arrecian, los voceros del sistema se feliciten de que, según nos cuentan, ya han parado de hundirnos.

Son las Administraciones públicas y la sociedad civil en conjunto, quienes deben afrontar, sin dilación, las causas  de esta debacle, dejando de parchear sus efectos. Que las organizaciones privadas de asistencia social alcancen los más altos volúmenes de movilización de recursos y de número de “beneficiados”, no es, en absoluto, nada bueno. Porque es la remozada tiranía que encarna el neoliberalismo y la agresión económica generalizada que caracteriza al capitalismo lo que nos está llevando a este precipicio civilizatorio. Y contra ello, están la profundización en las políticas democráticas y la extensión de las economías sociales.  ¿O qué, si no?