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CONSUMO TELEFONÍA

Gobierno y consumidores informan de cómo actuar ante el acoso telefónico

LA EXPRESIÓN
Viernes, 25 de Octubre de 2013
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Se ha detectado un aumento de las quejas relacionadas con este tipo de prácticas tanto de empresas que se dedican al recobro de actuaciones de otras empresas como de comerciales de compañías que ofrecen productos y servicios

El director general de Comercio y Consumo, Gustavo Matos, anunció que su departamento iniciará una campaña junto con las oficinas municipales de información al consumidor para asesorar sobre cómo actuar ante las prácticas de acoso telefónico que ejercen determinadas empresas, especialmente del ámbito financiero y de las telecomunicaciones.

Así se acordó en la reunión del Pleno de la Red Canaria de Consumo, en el que están representadas estas entidades municipales y el Gobierno de Canarias, informa la Dirección General de Comercio y Consumo en un comunicado.

En dicho encuentro se puso de manifiesto que se ha detectado un aumento de las quejas relacionadas con este tipo de prácticas tanto de empresas que se dedican al recobro de actuaciones de otras empresas como de comerciales de compañías que ofrecen productos y servicios.

"Estamos hablando de llamadas a horas intempestivas, coacciones, llamadas incluso amenazantes, correos electrónicos y, en ocasiones, actitudes muy agresivas que no deben ser soportadas y que en muchos casos se trata de desacuerdos del consumidor con lo que se le quiere cobrar", señaló Gustavo Matos que añadió que, en cualquier caso, "se debe proteger al consumidor de este tipo de prácticas cuya legalidad es, cuando menos, discutible".

Matos señaló que se ha acordado elaborar un protocolo o guía de recomendaciones que permitan al consumidor conocer qué vías puede utilizar para que cesen estas prácticas y, en el caso de que decida reclamar, cómo debe hacerlo, todo ello en base a la Ley de protección de Datos y en coordinación entre las OMIC y la Dirección General de Comercio y Consumo.

Otro de los acuerdos alcanzados en el Pleno fue el de instar al Gobierno de España a que modifique la normativa estatal para delimitar la protección a los consumidores en esta cuestión concreta mejorando la regulación y endureciendo las sanciones correspondientes.
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