Llueve y no escampa

Poco se puede añadir ya a estas alturas sobre la incómoda sensación de bochorno y vergüenza ajena que muchos sentimos ante la actuación de los jueces de la que dicen es la lucha antiterrorista y de la casta política que los nombra y presuntamente los instruye, directa o indirectamente, con llamadas o propuestas de ascenso y de medallas pensionadas. Y tal vez lo único bueno de esta situación sea que, para el Gobierno de España, no escampe y siga lloviendo a chuzos la indignación ciudadana.  En esta ocasión parece que difícilmente Rajoy encontrará un paraguas bajo el que cobijarse, salvo el que le abren los diputados que aplauden y consideran que en España se violaban los derechos humanos de los terroristas.

Para referirse al mayor atentado contra el sentido común y el más elemental sentido de Justicia, se habla de que se trata de una sentencia en favor de los Derechos Humanos, los de los asesinos y criminales, intentando darle un toque de respetabilidad a lo que es un insulto a las víctimas del terrorismo y de otros crímenes múltiples horrendos que tanto dolor sembraron y tantas secuelas dejaron en las personas inocentes que las sufrieron.  

Tal vez el término sentencia sea una tergiversación o exageración propia de la llamada ingeniería lingüística de lo políticamente correcto y de los reiterados intentos de imponer el pensamiento único.  El órgano del Consejo de Europa, que no de la Unión Europea, llamado Corte Europea de los Derechos Humanos de Estrasburgo, TEDH, no es realmente un tribunal tal como se entiende normalmente, como tampoco lo es nuestro Tribunal Constitucional, pues sus componentes no son en realidad magistrados o jueces en ejercicio sino políticos con más o menos conocimientos jurídicos, por otro lado no necesarios para “fallar” según el viento que corra y dicten los partidos, no el sentido común ni la opinión de los ciudadanos.  No en vano ni es casual que a los miembros de una corte se les deba llamar cortesanos.

Una cosa podrán decir los gruesos y polvorientos volúmenes de derecho, pero otra dicta el más elemental y milenario sentido de la justicia y la equidad: que no es lo mismo ni puede tener la misma pena real un asesinato que veinte.  Pero como los que hacen las leyes hacen también las trampas, es bien conocida y padecida por las gentes de bien esta realidad objetiva, han regulado especialmente el distingo entre la condena y el cumplimiento de la pena.  Por eso los tribunales, de cara a la apariencia de justicia, condenan a cientos o miles de años de cárcel por asesinatos múltiples, cuando saben bien que en realidad ni se cumplirán ni se resarcirá, moral o económicamente, a las víctimas de tales crímenes.  De esa trampilla entre condena y cumplimiento real ya se encarga el Gobierno a través de Instituciones Penitenciarias. Y si el condenado tiene que ver con el terrorismo de izquierdas, además siempre habrá un tribunal que los libere apelando a sus maltrechos derechos humanos, que sólo deberían tenerlos los humanos con derechos.  

Cada vez hay más juristas de reconocido prestigio, que no comparten la actuación del Gobierno ni de la Audiencia Nacional al poner en libertad con tanta celeridad a la innombrable terrorista y probablemente a sus colegas del tiro en la nuca.  Un ejemplo temprano de esta discrepancia en el fondo y en las  formas la expresó ya Don Javier Borrego, exmagistrado del TEDH, en una entrevista con Luis Herrero que conviene escuchar atentamente y conservar en la fonoteca.   Ahí hay mucha de la pedagogía que piden los partidos de izquierda, incluyendo al PSOE a pesar de lo que opine IU sobre su siniestralidad.

El lema de la manifestación convocada el domingo en Madrid por la AVT, lástima que no sea en toda España simultáneamente como cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco, será “Justicia para un final con vencedores y vencidos”, contrario al que primero PSOE y ahora también PP han hecho suyo en lo referente a la ETA como otra muestra más de la infamia y la vergüenza de unos gobernantes frente al terrorismo: “dos no pelean si uno se rinde”.

Fue en el año 1740 a.C. (o para algunos 3740 a.ZP, pues en el 2000 d.C. –perdón por no ser laico en las fechas- accedió a la Secretaría General del PSOE) cuando Hammurabi estableció su celebérrimo Código siguiendo la Ley del Talión.  Pues ahora ese fundamento jurídico, que no es venganza como suele decirse, sino que por primera vez en la historia se fijó la proporcionalidad entre el delito y el castigo, ha sido abolido por esas personas en Estrasburgo.
 
Si el rajoyismo no siguiera los pasos del zapaterismo, en España no se aplicaría esa sentencia con tanta celeridad, como ya se ha hecho aquí en al menos dos casos anteriores: RUMASA y la ilegalización de las franquicias de ETA. El Gobierno y la Audiencia Nacional buscarían triquiñuelas directas o indirectas para aplazar lo máximo posible la ejecución de la sentencia, aunque la acaten. Y para buscar argumentos para dilatar los tiempos, cuando se ponen a ello bien que los encuentran, por ejemplo habiendo aplazado ¡50 años! el juicio sobre aquel medicamento llamado Talidomida.  En caso de duda en la vía a utilizar, podrían consultar como lo ha hecho el Reino Unido usando su mítica flema con tanta eficacia como pragmatismo.  Pero esa es la línea roja que marca la dignidad y el respeto a las víctimas por encima de sus verdugos, criminales con los que tantos se hacen solidarios.

Es improbable que la Asociación Jueces para la Democracia, (su obsoleto nombre a estas fechas los define políticamente), ni la Asociación de Fiscales Progresistas (que como a los otros no les interesa la Justicia sino su ideología política, progresismo al fin y a la postre), se quejarán rasgándose las togas que no dudaron en arrastrar por el polvo del camino tras su anterior jefe Cándido, el cazador furtivo que el otro estará en el cielo. Pero hablo de quejarse de verdad, de que por acción u omisión muchos políticos y jueces protejan a personas criminales (no ciudadanos pues en sus sentencias les han privado de esos derechos y si son políticos o funcionarios, inhabilitándolos además) y se vuelva a castigar a las víctimas con una nueva humillación.  Antes leer como disuasorio a Marx, don Carlos y no Groucho, que comprender a las víctimas y defender sus humillados y pisoteados derechos humanos.