La justicia que complace al príncipe

La situación de la justicia en nuestro Estado es alarmante. Los casos que lo hacen ver, se multiplican y las muestras de la magnitud del problema, no paran de crecer. Ni los derechos humanos, ni los principios democráticos, ni el ordenamiento jurídico cuentan, cuando afectan a los más poderosos.

La actualidad mediática refleja, un día sí y otro también, el escándalo cotidiano de las connivencias institucionales cuando se trata de exigir el acatamiento del Estado de Derecho, del imperio de la ley, a las cúpulas de poder. En estos días, el Ministerio de Hacienda acaba de emitir un informe para el juez que instruye el denominado “caso Bárcenas” en el que afirma que ni el Partido Popular como personalidad jurídica, ni los altos cargos del mismo que generaron fondos ilegales y recibieron el pago de sobresueldos de ellos -el actual Presidente del Gobierno a la cabeza-, cometieron delito fiscal. “(…) la Oficina Nacional de Investigación del Fraude concluye que los realizados en sobres el 2007 estarían prescritos, mientras que los de 2008 no serían delito porque no superaron los 120.000 euros año.”.

Pero, a la vez, el constructo que llamamos “opinión pública” deja fuera del foco de atención mediática, lo más importante, el origen de tanto desafuero, el sistemático incumplimiento de la Carta Magna. Mientras se nos cuentan ésos y otros ejemplos del esperpento de justicia en que se ha transformado el “patio nacional”, no se cuestiona, rigurosamente, que multitud de ciudadanos adultos permanezcan sin acceso a rentas o empleo dignos; que la suficiencia económica de las pensiones de la gran mayoría las personas en la tercera edad, resulte comprometida por decisiones gubernamentales; que la desafección de las Cortes con el compromiso de garantizar un orden democrático, social y económicamente justo, sea ya la norma.

El magistrado Joaquín Navarro Estevan lo expresaba, de forma contundente, así, en 1998: “La justicia que complace al príncipe es, en primer lugar, la del privilegio. La igualdad como principio, la desigualdad como sistema. El fuero como norma y la inmunidad como fin. Es lo que procura por encima de todo la impunidad del poder en medio de grandes protestas de seguridad y democracia. El derecho y los jueces son un instrumento de la política, y el llamado poder judicial una herramienta que el poder real, el fáctico, puede utilizar a su arbitrio al servicio de sus intereses privados. La razón jurídica del estado de derecho queda subordinada a la razón del poder fáctico. Las exigencias de justicia, a los criterios de oportunidad y conveniencia.”. Y la cosa, no ha hecho sino que empeorar.

De esta extraordinaria degeneración institucional son culpables, en conjunto, las élites del poder político, económico, social y cultural que desde poco después de la reinstauración democrática en 1978, vienen usurpando las administraciones públicas de de nuestro Estado para vaciarlas de sus fines democráticos, sociales y de derecho. Pero, la responsabilidad ante lo que estamos padeciendo es de todos y todas, de la sociedad civil, de la ciudadanía. Hemos sido, demasiado tiempo, sumisos ante la degradación de la democracia en partidocracia y de la política en economía. La situación compromete ya -lo estamos viendo- a todas las capas sociales, excepción hecha de los más poderosos, que, a lo suyo, no dejan de aprovecharse de la inacción generalizada. Es el momento de reasumir nuestra condición de soberanos en democracia para salvarnos del desastre anunciado. Y ocasiones no van a faltar.

Xavier Aparici Gisbert, filósofo y emprendedor social.

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