Con el objetivo de proteger a unos de los emblemas más significativos de la flora autóctona, la corporación insular ha liderado un encuentro para sentar las bases de la creación de un observatorio
Una comisión o grupo de trabajo que
integrarán especialistas del Gobierno canario, el Cabildo y los
ayuntamientos de Gran Canaria, botánicos e investigadores universitarios
analizará el estado en la isla de las poblaciones de la palmera canaria
(Poenix canariensis).
Con el objetivo de proteger a unos de los emblemas más significativos de la flora autóctona, la corporación insular grancanaria ha liderado hoy un encuentro para sentar las bases de la creación de un grupo o comisión de trabajo que podría derivar en un observatorio o consorcio para el cuidado de la Poenix canariensis.
El presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna (PP), que estuvo acompañado por sus consejeros María del Mar Arévalo (Medio Ambiente) y Francisco Santana (Agricultura) y por la viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Guacimara Medina (PSOE), ha informado de que en Gran Canaria están censadas 85.000 palmeras silvestres y otras 45.000 urbanas.
En el diagnóstico de la problemática, Bravo de Laguna ha destacado la presencia de plagas como las del picudín y picudo rojo, la sequía -especialmente afecta a las palmeras silvestres- y la transmisión de enfermedades por una colocación próxima cerca de las carreteras, como ocurre en la autovía del sur (GC-1), en el que la alineación ha facilitado el contagio.
Bravo de Laguna también ha agregado en su análisis que no hay coordinación entre las administraciones municipal, insular y regional, la mano de los propietarios particulares que, en ocasiones, riegan demasiado la palmera, y la importación de especies como la datilera que, en su opinión, ha sido muy perjudicial para la Poenix canariensis por la hibridación.
El presidente del Cabildo ha recordado que ya existe un Plan insular de la palmera canaria que data del año 2006, que será distribuido entre los consistorios y especialistas universitarios para su actualización y, en el plazo de un mes, se presentarán propuestas y sugerencias para mejorar y preservar esta especie.
El dirigente insular espera que las aportaciones de los sectores privado, científico y de las distintas instituciones sirvan para constituir un nuevo órgano de relación interadministrativa, al tiempo que ha informado de que la reunión ha dado doce recomendaciones para proteger a la palmera canaria y que se van a divulgar con diversos cursos de formación.
Bravo de Laguna ha entregado hoy a los municipios grancanarios mapas con la localización de las palmeras censadas y, por volumen, sobresalen San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Santa Brígida.
Por su parte, Guacimara Medina ha destacado que el compromiso del Gobierno autonómico en esta materia es total y que resulta muy importante la colaboración interadministrativa para detectar dónde están los problemas y cuáles pueden ser las fuentes de financiación adecuadas.
"Esta especie protegida y emblemática de Canarias debe tener un plan de actuación integral coordinado entre todas las administraciones, pero hay que diferenciar las palmeras que están en su hábitat natural como las que se encuentran en zonas urbanas y sus respectivas problemáticas", ha agregado.
Medina ha comentado que lo más sensato es concretar mesas de trabajo y comenzar a implementar políticas adecuadas para que resulten efectivas y que, poco a poco, se pueden ver vías de financiación europeas -fondos Life- o programas de cooperación de regiones en el ámbito de la Macaronesia, por las singularidades de las islas.
Asimismo, la consejera insular de Medio Ambiente, María del Mar Arévalo, ha defendido la conveniencia de que el estudio sobre la situación de la palmera canaria marque la hoja de ruta para afrontar sus problemas de forma global, que, ha añadido, son "muchos y de diferente índole", como que su gran presencia en terrenos privados.
Con el objetivo de proteger a unos de los emblemas más significativos de la flora autóctona, la corporación insular grancanaria ha liderado hoy un encuentro para sentar las bases de la creación de un grupo o comisión de trabajo que podría derivar en un observatorio o consorcio para el cuidado de la Poenix canariensis.
El presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna (PP), que estuvo acompañado por sus consejeros María del Mar Arévalo (Medio Ambiente) y Francisco Santana (Agricultura) y por la viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Guacimara Medina (PSOE), ha informado de que en Gran Canaria están censadas 85.000 palmeras silvestres y otras 45.000 urbanas.
En el diagnóstico de la problemática, Bravo de Laguna ha destacado la presencia de plagas como las del picudín y picudo rojo, la sequía -especialmente afecta a las palmeras silvestres- y la transmisión de enfermedades por una colocación próxima cerca de las carreteras, como ocurre en la autovía del sur (GC-1), en el que la alineación ha facilitado el contagio.
Bravo de Laguna también ha agregado en su análisis que no hay coordinación entre las administraciones municipal, insular y regional, la mano de los propietarios particulares que, en ocasiones, riegan demasiado la palmera, y la importación de especies como la datilera que, en su opinión, ha sido muy perjudicial para la Poenix canariensis por la hibridación.
El presidente del Cabildo ha recordado que ya existe un Plan insular de la palmera canaria que data del año 2006, que será distribuido entre los consistorios y especialistas universitarios para su actualización y, en el plazo de un mes, se presentarán propuestas y sugerencias para mejorar y preservar esta especie.
El dirigente insular espera que las aportaciones de los sectores privado, científico y de las distintas instituciones sirvan para constituir un nuevo órgano de relación interadministrativa, al tiempo que ha informado de que la reunión ha dado doce recomendaciones para proteger a la palmera canaria y que se van a divulgar con diversos cursos de formación.
Bravo de Laguna ha entregado hoy a los municipios grancanarios mapas con la localización de las palmeras censadas y, por volumen, sobresalen San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Santa Brígida.
Por su parte, Guacimara Medina ha destacado que el compromiso del Gobierno autonómico en esta materia es total y que resulta muy importante la colaboración interadministrativa para detectar dónde están los problemas y cuáles pueden ser las fuentes de financiación adecuadas.
"Esta especie protegida y emblemática de Canarias debe tener un plan de actuación integral coordinado entre todas las administraciones, pero hay que diferenciar las palmeras que están en su hábitat natural como las que se encuentran en zonas urbanas y sus respectivas problemáticas", ha agregado.
Medina ha comentado que lo más sensato es concretar mesas de trabajo y comenzar a implementar políticas adecuadas para que resulten efectivas y que, poco a poco, se pueden ver vías de financiación europeas -fondos Life- o programas de cooperación de regiones en el ámbito de la Macaronesia, por las singularidades de las islas.
Asimismo, la consejera insular de Medio Ambiente, María del Mar Arévalo, ha defendido la conveniencia de que el estudio sobre la situación de la palmera canaria marque la hoja de ruta para afrontar sus problemas de forma global, que, ha añadido, son "muchos y de diferente índole", como que su gran presencia en terrenos privados.
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