Alrededor de los textos escolares (1)

Como parte final del verano, con los preparativos para la vuelta de los niños al colegio, resurgen cada año las polémicas sobre los libros de texto, en plural porque hay más de una y todas diferentes pero compartiendo una zona común, la intersección de los subconjuntos en un diagrama de Venn se diría en matemática moderna, que es la inacción activa o pasiva de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. También el mismo fenómeno se reproduce con matices autóctonos o lingüísticos en otros gobiernos autonómicos.  El asunto espinoso de los libros de texto es algo de lo que probablemente se hable, o se deba hablar, en la tramitación parlamentaria de la nueva ley de educación que promueve en ministro Wert.

Ahora ha saltado la liebre ante la protesta de las asociaciones de libreros de ambas provincias, que tildan de “competencia desleal” la venta de libros de texto, permitida o tolerada por la propia Consejería, por parte de las AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos). Además del habitual tinte catastrofista, “más de cincuenta librerías cerrarán en Tenerife si la cosa sigue así”, sólo faltó apelar a los miles y miles de nuevos desempleados que se generarán con ello, adobo de todas las salsas en la cocina de las protestas empresariales.

Sería competencia desleal si esos puntos de venta no están en igualdad de condiciones legales que las librerías para ejercer esa actividad. Uno de esos requisitos sería tener una licencia fiscal y otro el utilizar un local dado de alta y con licencia de apertura para la actividad en cuestión.  Si el AMPA monta su chiringuito en un espacio público, mal se empieza.  Pero si además carece de licencia fiscal y no liquida impuestos como la actividad comercial que es, el Gobierno de Canarias podría estar incurriendo, presuntamente, en prevaricaciones o delitos.  Esa actividad de venta de libros de texto, ampliable a uniformes y material escolar vario, podría equipararse a la venta ambulante ilegal de cualquier otra mercancía.

Con frecuencia las AMPA actúan impunemente apelando a su trabajo social en pro de los escolares y, dicen, complementario a la labor docente, cosa que debería auditar y tutelar con más celo la inspección educativa. Y esa deriva, a veces preocupante, se ha acentuado desde que nacieron las APA, asociaciones de padres de alumnos, ahora rebautizadas como AMPA, siguiendo la moda progresista de pretender cambiar las cosas modificando sólo el lenguaje.  Tal vez mejor estaría llamarlas de madres, padres, tutores y tutoras legales de alumnos y alumnas, AMPTTLAO (lease a-ma-pa-tu-to-le-a-o) y para más adaptación a la realidad sociológica actual, habría que recordar también en las siglas a los abuelos y abuelas.

Los libreros critican también la actuación, a su juicio desleal, de las editoriales concediendo descuentos sustanciosos a los colegios para inducir a los profesores a optar por sus libros.  Si en verdad se trata de una infracción grave a la Ley del Libro y una actividad económica clandestina, en lugar de una rueda de prensa deberían ir a los tribunales para denunciar a los operadores que así actúan y de paso a quienes, teniendo la obligación de velar, no lo hacen.

No obstante, a mi entender, esta denuncia sobre los libros de texto es sólo un corolario de una política educativa mal planteada.  No es razonable que sea el claustro de un colegio, en el mejor de los casos, quien elija los libros de texto para cada uno de los centros si se pretende que sea homologable el nivel de conocimientos de los alumnos. Pero esta espinosa cuestión, que dará mucho que hablar en unos meses, será objeto de un comentario específico posterior.