El Frop, la confiscación legal del estado

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROP, es un ente público al servicio del Banco de España y del Ministerio de Economía y Hacienda. Creado como respuesta a la crisis bancaria de 2008, si el Banco de España lo solicita al gobierno y este así lo decreta, tiene la extraordinaria facultad de tomar el control de cualquier entidad financiera. Con la toma de control, el FROP adquiere el rango de propietario legítimo preferente de la entidad, siendo quien decide sobre su gestión.

Por parte de autoridades públicas y de los medios de comunicación se ha venido utilizando el término de “nacionalización” para definir las acciones de este Fondo, lo cual está muy lejos de ser apropiado. La nacionalización es una herramienta económica constitucional de nuestro Estado que, reconociendo la iniciativa pública en la actividad económica, faculta, en su artículo 128.2, a socializar intereses económicos: “Mediante Ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”. Sin embargo, el FROP fue aprobado -con amplia mayoría en Las Cortes- dentro de las medidas y planes de rescate e incentivación de la economía, con la finalidad de gestionar los procesos de reestructuración de entidades de crédito y reforzar sus recursos en los procesos de integración. El FROP es un organismo público que apoya intereses privados ¿Y con qué resultados?

En su reciente último informe el fondo de rescate da por perdida la mayor parte de las ayudas a la banca: 36. 931 millones de euros, de los 52.000 millones que ha inyectado. Estas son las mayores pérdidas registradas nunca por una sociedad española. Y, como si tal cosa, las asumen los contribuyentes, es decir, el pueblo soberano. Mientras, el Fondo de Garantía de Depósitos, sostenido por las patronales de las entidades financieras, el sector que recompra los bancos y cajas intervenidos una vez “saneados”, aportó al proceso unos 13.356 millones.

Esta inusitada merma afrontada por el fondo público es, en gran parte, el resultado de los deterioros que se han producido en el valor de las participaciones bancarias que compró. En el paso del valor contable teórico de las participaciones al valor económico real se han “perdido” 25.205 millones. El informe del FROB afirma que “Los deterioros suponen el reconocimiento de la pérdida de valor de las inversiones en las entidades participadas”. Con ese reconocimiento, la tesis oficial de que las ayudas al sector se recuperarían, se esfuma. Solo entre 2011 y 2012, lo perdido en el Banco de Valencia alcanzó los 5.498 millones. No obstante, esta entidad, una vez “saneada”, fue vendida por un euro a CaixaBank, el nuevo gigante financiero en España.

Estamos, pues, como en otros tantos asuntos, en un “mundo al revés”: se le llama nacionalización del Estado a lo que es, en realidad, una confiscación de los poderes fácticos sobre el Estado, que deja al propietario público “rescatador” sin derecho al cobro de una indemnización por su intervención. De este modo, la ciudadanía le estamos enjuagado al sector financiero sus pérdidas en unas cifras similares a lo que se ha detraído, en los últimos años, en los recortes en Sanidad y en Educación.

Con todo, en esta nueva vulneración de nuestro Estado social y democrático de derecho, se ha creado un precedente esperanzador: el control público directo de las empresas financieras no ha requerido la expropiación y la indemnización de las entidades y se ha puesto en marcha mediante sencillos procedimientos. Tomemos nota.