El TSJC vuelve a dar la razón al alcalde de Mogán

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha notificado este viernes la sentencia por la que se estima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Mogán contra la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas, que había estimado en primera instancia una denuncia del concejal de Ciuca, Luis Becerra, por supuesta vulneración de sus derechos fundamentales.

El alto tribunal canario revoca esta decisión judicial y señala con rotundidad que no existe vulneración de derechos fundamentales en la decisión tomada por el alcalde, Paco González, para garantizar el desarrollo ordenado y respetuoso de los debates plenarios, informó un comunicado municipal.
 
Los hechos en cuestión se remontan al 2 octubre del año 2012, cuando en la sesión ordinaria del pleno de la corporación el concejal denunciante solicitó la palabra para formular ruegos y preguntas, tras haberlo hecho con anterioridad el portavoz de su mismo grupo político.

El alcalde le señaló este hecho al concejal y continuó con el desarrollo de la sesión, lo que inicialmente fue considerado por la jueza Esperanza Ramírez Eugenio como una vulneración del derecho a la participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución. Una consideración que ahora el TSJC desmonta con contundencia, argumentando que adolece de ambigüedad y falta de concreción y que su fundamentación jurídica no resulta convincente.
 
La sentencia, emitida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que preside César García Otero, afirma que la decisión del alcalde y presidente de la corporación fue conforme a ley y que no se vulneró con ella ningún precepto constitucional, ya que en ningún momento se impidió al denunciante el ejercicio de la crítica y la exposición de sus opiniones.

La Sala recuerda que el orden de los plenos está estrictamente regulado en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en el que se establece la participación de los concejales a través de los portavoces de sus respectivos grupos políticos, a fin de una mejor coordinación y agilidad en el funcionamiento de los plenos.

El Tribunal añade que en la sesión plenaria objeto de impugnación el grupo político Ciuca ya había formalizado los ruegos y preguntas a través de su portavoz, de ahí que cuando el concejal recurrente intentó posteriormente formular nuevos ruegos se le negara tal posibilidad por la Presidencia del pleno.

15 procedimientos
 
En los últimos dos años, los concejales de Ciuca y Nueva Canarias han protagonizado un total de 15 procedimientos judiciales relacionados con el funcionamiento de las sesiones plenarias en el Ayuntamiento, de los que por el momento han conseguido obtener la razón en sólo uno de ellos. La gran mayoría de las denuncias ya resueltas han sido inadmitidas o desestimadas por la Justicia.
 
En relación a estos procedimientos, el grupo de gobierno en el consistorio de Mogán ha denunciado en numerosas ocasiones la estrategia destructiva de una parte de la oposición, obsesionada con judicializar el Ayuntamiento para intentar sacar provecho político de ello.

En concreto señala que Ciuca y Nueva Canarias se empeñan en enfangar la convivencia en el municipio, haciendo una lectura falsa, parcial e interesada de los acontecimientos, en la creencia de que “a río revuelto, ganancia de pescadores”. En su opinión, estas dos formaciones políticas, encabezadas por dos concejalas que llegaron a formar parte del grupo de gobierno del actual alcalde de Mogán, adoptan actitudes “incívicas y gamberras” en los plenos municipales, en la estrategia de “cuanto peor, mejor”, demostrando con su manera de actuar que lo único que les mueve es la persecución personal a la figura de Paco González.
 
Las sesiones plenarias en el Ayuntamiento de Mogán están reguladas desde el pasado mes de febrero por el nuevo Reglamento Orgánico Municipal (ROM), similar al ya existente en otras instituciones de Gran Canaria, como los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía, Telde o el propio Cabildo insular, con el fin de ordenar el correcto desarrollo de los debates.
 
El grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Mogán insta a todos los concejales a devolver la convivencia pacífica, el respeto y el civismo al pleno municipal, respetando el nuevo reglamento y poniendo fin a  los lamentables espectáculos que siguen protagonizando algunos grupos de la oposición.

La disensión y las diferencias son sanas en democracia, pero los debates deben realizarse en libertad, sin ruido ni estridencias, sin calumnias ni insultos y con absoluto respeto a las normas y a las leyes, agrega.