El Gobierno canario prepara una ley que regule la organización, régimen jurídico y las competencias de los cabildos insulares, y una vez que conozca en profundidad el proyecto de reforma local, analizará cómo afecta a los ayuntamientos
El Gobierno de Canarias empleará los instrumentos que le permiten el Estatuto de Autonomía canario para tratar de devolver a las corporaciones locales las competencias municipales que asumirán como consecuencia de la reforma local, ha anunciado hoy su consejero de Presidencia.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, ha recordado que el Estatuto de Autonomía de Canarias establece la posibilidad de regular el régimen local y que la ley de reforma prevé la delegación de competencias que recaigan sobre las comunidades autónomas.
El Gobierno canario prepara una ley que regule la organización, régimen jurídico y las competencias de los cabildos insulares, y una vez que conozca en profundidad el proyecto de reforma local, analizará cómo afecta a los ayuntamientos, ha dicho el consejero de Presidencia en una rueda de prensa tras la reunión de la permanente de la comisión ejecutiva del PSOE celebrada hoy.
Los asuntos sociales son competencia exclusiva de la comunidad autónoma canaria, por ejemplo, y el Gobierno puede devolver su gestión a los ayuntamientos, ha asegurado Hernández Spínola.
Asimismo, ha indicado que la intención del Gobierno es que la ley que regulará los cabildos, actualmente en fase de borrador, cuente con el mayor consenso posible tanto de la FECAI como de las corporaciones locales y los grupos parlamentarios, por lo que los debatirá con ellos una vez que se avance en su elaboración.
A juicio del PSOE, la reforma local aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros es "un inmenso error del PP", pues afecta a "la arquitectura institucional de España" y se aprueba sin consenso, ha afirmado el consejero de Presidencia.
Según ha asegurado, esa reforma es "muy perjudicial" para Canarias, pues establece condiciones para las competencias que recaigan sobre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, y 60 de los 88 municipios de las islas tienen esa dimensión.
Hernández Spínola considera que la reforma local pretende el desmantelamiento de los servicios esenciales para su posterior privatización.
El secretario general del PSOE, José Miguel Pérez, se ha referido al objetivo de déficit para las comunidades autónomas en 2013 que aprobará mañana el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha defendido que Canarias tenga la mejor consideración posible, ya que por una parte ha cumplido sus objetivos y por otra es la región peor financiada por habitante.
Un objetivo de déficit del 1,3 por ciento supondría 250 millones de euros adicionales para Canarias, mientras que un déficit del 2 por ciento conllevaría 540 millones más para el archipiélago.
Los representantes socialistas han criticado también la postura del PP en contra del proyecto de ley de medidas aplicables al destino del Fondo Canario de Financiación Municipal, aprobado ayer en el Parlamento de Canarias, que permitirá a los ayuntamientos saneados destinar parte de los fondos de saneamiento a pagar deuda a proveedores y a inversión y ayudas de emergencia social.
Asimismo, Pérez ha cuestionado el interés del PP sobre los ciudadanos más desfavorecidos y ha recordado que el Gobierno decidió hace un año reducir los fondos destinados a la dependencia, de manera que en 2013 se destinan 1.391 millones de euros menos y en 2014 el descenso será de 1.473 millones.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, ha recordado que el Estatuto de Autonomía de Canarias establece la posibilidad de regular el régimen local y que la ley de reforma prevé la delegación de competencias que recaigan sobre las comunidades autónomas.
El Gobierno canario prepara una ley que regule la organización, régimen jurídico y las competencias de los cabildos insulares, y una vez que conozca en profundidad el proyecto de reforma local, analizará cómo afecta a los ayuntamientos, ha dicho el consejero de Presidencia en una rueda de prensa tras la reunión de la permanente de la comisión ejecutiva del PSOE celebrada hoy.
Los asuntos sociales son competencia exclusiva de la comunidad autónoma canaria, por ejemplo, y el Gobierno puede devolver su gestión a los ayuntamientos, ha asegurado Hernández Spínola.
Asimismo, ha indicado que la intención del Gobierno es que la ley que regulará los cabildos, actualmente en fase de borrador, cuente con el mayor consenso posible tanto de la FECAI como de las corporaciones locales y los grupos parlamentarios, por lo que los debatirá con ellos una vez que se avance en su elaboración.
A juicio del PSOE, la reforma local aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros es "un inmenso error del PP", pues afecta a "la arquitectura institucional de España" y se aprueba sin consenso, ha afirmado el consejero de Presidencia.
Según ha asegurado, esa reforma es "muy perjudicial" para Canarias, pues establece condiciones para las competencias que recaigan sobre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, y 60 de los 88 municipios de las islas tienen esa dimensión.
Hernández Spínola considera que la reforma local pretende el desmantelamiento de los servicios esenciales para su posterior privatización.
El secretario general del PSOE, José Miguel Pérez, se ha referido al objetivo de déficit para las comunidades autónomas en 2013 que aprobará mañana el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha defendido que Canarias tenga la mejor consideración posible, ya que por una parte ha cumplido sus objetivos y por otra es la región peor financiada por habitante.
Un objetivo de déficit del 1,3 por ciento supondría 250 millones de euros adicionales para Canarias, mientras que un déficit del 2 por ciento conllevaría 540 millones más para el archipiélago.
Los representantes socialistas han criticado también la postura del PP en contra del proyecto de ley de medidas aplicables al destino del Fondo Canario de Financiación Municipal, aprobado ayer en el Parlamento de Canarias, que permitirá a los ayuntamientos saneados destinar parte de los fondos de saneamiento a pagar deuda a proveedores y a inversión y ayudas de emergencia social.
Asimismo, Pérez ha cuestionado el interés del PP sobre los ciudadanos más desfavorecidos y ha recordado que el Gobierno decidió hace un año reducir los fondos destinados a la dependencia, de manera que en 2013 se destinan 1.391 millones de euros menos y en 2014 el descenso será de 1.473 millones.
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