Un estudio de la Universidad de Las Palmas (ULPGC), publicado en reconocidas revistas internacionales especializadas en las ciencias sociales y la economía aplicada, ha estimado en 40.000 millones de euros el coste social de la corrupción en España
Un estudio de la Universidad de Las Palmas (ULPGC),
publicado en reconocidas revistas internacionales especializadas en las
ciencias sociales y la economía aplicada, ha estimado en 40.000 millones
de euros el coste social de la corrupción en España.
Este estudio, desarrollado por investigadores del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Sostenible (TIDES) se basa en un método de estimación del coste social de la corrupción a través del análisis de su impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos, según ha explicado hoy en un comunicado la ULPGC.
Para ello, los investigadores Carmelo J. León, Jorge E. Araña y Javier de León han desarrollado un método de estimación que permite reducir los problemas de subjetividad en la percepción de la corrupción cuando se usan encuestas a expertos o a ciudadanos, tal como ocurre con el Índice de Transparencia Internacional.
En el ámbito español, los resultados demuestran que, al aplicar la nueva metodología, "la corrupción nacional es mucho mayor que la reflejada por las estadísticas oficiales y en el Índice de Transparencia Internacional".
Concretamente, las estimaciones reportan un coste social de aproximadamente 40.000 millones de euros anuales (precios constantes de 2008).
Los investigadores destacan que, aunque la corrupción es uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos españoles, detectarla y perseguirla "es una tarea extremadamente complicada, entre otros motivos, por la dificultad de su medición".
Las mediciones del nivel de corrupción existentes hasta ahora se centran únicamente en el impacto "directo" procedente de casos que salen a la luz pública y que son resueltos judicialmente, explican.
Sin embargo, el coste de la corrupción para una sociedad incluye otros aspectos que estas estadísticas no miden, pero que los investigadores de la ULPGC han incluido en este estudio, como el impacto sobre la reducción de inversión extranjera, los casos que no se detectan o no pueden ser probados judicialmente, o el desánimo en la población, que deja de emprender proyectos personales y profesionales por miedo a que la corrupción los detenga.
Este estudio, desarrollado por investigadores del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Sostenible (TIDES) se basa en un método de estimación del coste social de la corrupción a través del análisis de su impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos, según ha explicado hoy en un comunicado la ULPGC.
Para ello, los investigadores Carmelo J. León, Jorge E. Araña y Javier de León han desarrollado un método de estimación que permite reducir los problemas de subjetividad en la percepción de la corrupción cuando se usan encuestas a expertos o a ciudadanos, tal como ocurre con el Índice de Transparencia Internacional.
En el ámbito español, los resultados demuestran que, al aplicar la nueva metodología, "la corrupción nacional es mucho mayor que la reflejada por las estadísticas oficiales y en el Índice de Transparencia Internacional".
Concretamente, las estimaciones reportan un coste social de aproximadamente 40.000 millones de euros anuales (precios constantes de 2008).
Los investigadores destacan que, aunque la corrupción es uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos españoles, detectarla y perseguirla "es una tarea extremadamente complicada, entre otros motivos, por la dificultad de su medición".
Las mediciones del nivel de corrupción existentes hasta ahora se centran únicamente en el impacto "directo" procedente de casos que salen a la luz pública y que son resueltos judicialmente, explican.
Sin embargo, el coste de la corrupción para una sociedad incluye otros aspectos que estas estadísticas no miden, pero que los investigadores de la ULPGC han incluido en este estudio, como el impacto sobre la reducción de inversión extranjera, los casos que no se detectan o no pueden ser probados judicialmente, o el desánimo en la población, que deja de emprender proyectos personales y profesionales por miedo a que la corrupción los detenga.
maria | Lunes, 29 de Julio de 2013 a las 13:13:01 horas
eso lo pagamos todos los españoles, con los recortes y los impuesto, si se lo hace pagar a los chorizo que roban ,otro gallo nos cantias, estuviera el pais mejor que lo que esta ,y las proximas elecciones tenemos que hacer un curso para aprender a votar no dejarno llevar de palabra bonitas y promesa incumplida
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