El Gobierno sigue en los consorcios, pero con reparto que perjudica a Gran Canaria

 El Gobierno de Canarias ha anunciado este miércoles que seguirá participando en los consorcios insulares de emergencias, pero con un nuevo reparto de fondos que prima la población y la superficie atendida y con el que Gran Canaria teme perder hasta un 50 % de lo que ahora ingresa.

El Gobierno canario contribuye en la actualidad al sostenimiento de los consorcios de emergencia de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, en los que asume el 20 % de los costes de funcionamiento (el 40 % lo aportan los cabildos y el 20 % los municipios).

Aunque hace meses adelantó su intención de salirse de estos organismos el 1 de enero de 2014, hoy ha comunicado a los tres cabildos implicados que seguirá en ellos, pero con una aportación fija aún no determinada que se repartirá conforme a los nuevos criterios: primando la superficie y la población atendidas.

El problema radica en que, a diferencia de Tenerife y Lanzarote, cuyos consorcios agrupan a todos los municipios, en Gran Canaria no pertenecen a ese organismo Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana, que representan la mitad de los 852.225 habitantes con los que cuenta la isla.

En declaraciones a Efe, la consejera de Medio Ambiente de Gran Canaria, María del Mar Arévalo, del PP, ha acusado al Gobierno canario de haber buscado de manera deliberada una fórmula que "de nuevo sacrifica los intereses de esta isla" para "solucionar el problema de Tenerife y Lanzarote", gobernadas por CC y PSOE, vulnerando los estatutos de los consorcios de emergencias.

"Es un nuevo ejemplo más de maltrato a Gran Canaria", denuncia Arévalo, que insiste que en que su reclamación no persigue que Tenerife ni Lanzarote reciban menos fondos, sino que se respete lo previsto en los estatutos de los consorcios y que su isla no sea perjudicada por un "cambio de reglas a mitad del partido".

La consejera grancanaria de Medio Ambiente y Emergencias recuerda que hace solo un mes que el Gobierno canario notificó a los cabildos por escrito que se mantenía en su decisión de abandonar en enero los consorcios insulares.

Gran Canaria recibía hasta ahora del Gobierno regional unos 2,5 millones de euros para su consorcio de emergencia, una cantidad que teme que se quede en menos de la mitad con los nuevos criterios.

Arévalo sostiene que se ha buscado de forma "malintencionada" un nuevo sistema de reparto que perjudique a Gran Canaria, porque en su consorcio no participan ni la capital (382.296 habitantes) ni San Bartolomé de Tirajana (55.954), a diferencia de Tenerife, donde sí están Santa Cruz de Tenerife (206.965) y La Laguna (153.224).

"Están provocando una situación insostenible", ha añadido la consejera, que ha adelantado que el Cabildo de Gran Canaria valora llevar a los tribunales a la comunidad autónoma para cobrar las aportaciones del consorcio que tiene pendientes.

Preguntada sobre si, ante este nuevo criterio, el Cabildo no se plantea incorporar a su consorcio a los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana -también gobernados por el PP-, Arévalo ha recordado que esa decisión depende de los propios consistorios, de si quieren o no participar en ese organismo.

Sin embargo, ya ha adelantado que le parecía "lógico" que, en vista de "la incertidumbre" en la que se encuentran los consorcios insulares de emergencias por los cambios de criterio de la comunidad autónoma, ambos ayuntamientos sean reticentes a integrarse en ellos.